Distrito advierte a reinvasores de espacio público

Los vendedores informales que tras recibir compensaciones económicas del Distrito reincidan en la ocupación de es-pacio público tendrían que devolver hasta la totalidad del dinero que se supone deben invertir en la formalización de sus negocios.
El gerente de Espacio Público, Adelfo Doria Franco, asegura que están en curso por lo menos siete procesos contra comerciantes que han reincidido en el trabajo callejero, los cuales seguramente recibirán sanciones ejemplarizantes.
El funcionario dice que para evitar estos inconvenientes la Alcaldía de Cartagena incluyó en los contratos de transaccio-nes firmados con los vendedores desde 2009 una cláusula penal que contempla multas de hasta 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes (8 millones 34 mil pesos) para los reincidentes.   
Contratos de este tipo son los que se han pactado con los vendedores retirados de sectores como Puerto Duro, en el Centro; El Amparo, el Parque de San Pedro, la Transversal 54 y también se prevé su aplicación para los informales de Bazurto y el Centro Histórico, que se retirarán próximamente de áreas comunes.
Doria afirma que esta es una forma para el Distrito pueda recuperar recursos invertidos inadecuadamente por vendedores, lo que antes era muy difícil de hacer, dado que los contratos no preveían multas como las mencionadas.
El Gerente de Espacio Pública aclara que la aplicación de las sanciones requiere un proceso previo de investigación y recopilación de fotografías, testimonios y demás material que pruebe que los vendedores realmente han incumplido su compromiso de no volver a las calles.
“Es un proceso complicado que lo que busca fundamentalmente es que los infractores indemnicen al Distrito luego de cometer una falta grave como esta”, indica Doria.
OBLIGACIÓN ESTATAL  
El jefe del despacho de Espacio Público expresa que este mecanismo de control es necesario dada la obligación que tiene la Alcaldía de Cartagena de lograr acuerdos con perso-nas que por años han ocupado zonas peatonales y que tienen derechos adquiridos que deben respetarse.
“No se trata de repartir plata ni de un capricho del Dis-trito sino de respetar la jurisprudencia de la Corte Constitu-cional, a través de principios como la Confianza Legítima que establece una forma de actuar frente a informales que han trabajado por años en las calles, incluso con permisos de administraciones anteriores, y por tanto tienen derechos que deben respetarse”, explica Doria.
El principio de la confianza legítima, puede definirse co-mo el mecanismo para conciliar, de un lado el interés general de la administración de conservar y preservar el espacio pú-blico y, de otro, los derechos al trabajo e igualdad de las per-sonas que ejercen el comercio informal.
Al respecto Doria comenta que “se trata de establecer contratos con los vendedores en los que se concilien diferen-cias, teniendo en cuenta que más vale un mal arreglo que un buen pleito”.
El funcionario aclara que en el despeje de zonas peatonales debe respetarse el debido proceso a fin de evitar que pos-teriormente los vendedores retirados presenten demandas que pueden costar millones al Distrito.
PROCESOS PENALES
El gerente de Espacio Público, Adelfo Doria, considera que los vendedores que reinvadan áreas comunes luego de recibir compensaciones pueden in-cluso enfrentar procesos penales por el delito de defraudación al Estado.
“Por ahora sólo tenemos definido lo de las multas pero pensamos que con una asesoría especializada podríamos iniciar procesos penales para que los informales que incurran en esta falta tengan que responder ante la justicia”, advierte Doria.