El Distrito está obligado a cumplir con una sentencia judicial que le conmina a demoler los resaltos o los llamados “policías muertos” que no cuenten con permisos y sin las condiciones técnicas necesarias, los cuales se encuentran en la mayoría de calles y avenidas de Cartagena.
La única esperanza que tenía el Distrito para abstenerse de cumplir con la sentencia feneció con una decisión del Consejo de Estado, el cual se negó a revisar una providencia del Tribunal Administrativo de Bolívar en enero de 2010.
La negación del Consejo de Estado se conoció hace pocos días y se basó en que el Distrito, al solicitar la revisión de la sentencia, no cumplió con la carga de explicar siquiera en forma mínima y sencilla las razones por las que, a su juicio, resulta necesaria la revisión de la orden del Tribunal.
Anterior a esta decisión del Consejo de Estado, en julio de 2010 el Tribunal Administrativo de Bolívar se abstuvo de sancionar al Distrito por el no cumplimiento de la orden de demoler los resaltos ilegales en las calles cartageneras, pero lo conminó a cumplir la orden so pena de imponerle una sanción o multa de arresto contra la alcaldesa, Judith Pinedo Florez.
Según la Secretaría de Infraestructura del Distrito, encargada de realizar las demoliciones de los resaltos, se ha tenido inconvenientes en hacer efectiva la orden del Tribunal, ya que en algunas comunidades han encontrado fuerte oposición.
De los 397 resaltos señalados en un informe inicial del DATT en 2010, solo 39 son legales, pues fueron construidos por la Administración Distrital, el resto son arbitrarios, hechos sin control y sin especificaciones técnicas.
A juicio del Tribunal, la construcción de resaltos en las vías barriales por parte de algunas comunidades, sin que medien permisos y sin las características técnicas requeridas, los hace elementos potenciales para riesgos de accidentes de tránsito, de ruido y vibraciones en zonas donde su uso no es recomendado.
Además, han ocasionado muchos daños en vehículos y a las vías ó carreteras.
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