La juez Cuarta Civil Municipal de Cartagena, Ana Gertrudis Díaz Ortega, decidió en fallo de primera instancia no tutelar los derechos al trabajo, mínimo vital, libertad de empresa e igualdad de nueve lavadores de carros que dicen tener más de 20 años de trabajo en los costados de la Carretera La Cordialidad, entre Santa Lucía y El Gallo.
La decisión judicial se toma teniendo en cuenta que 37 lavautos de esa zona ya fueron beneficiados a través de los programas sociales de formalización del Distrito, que se vio obligado a desembolsar $113 millones en compensaciones económicas para tal fin.
Los trabajadores informales representados por la abogada Jomaira Páez Romero, aseguran que tuvieron que presentar sus acciones legales aparte del primer grupo, dado que algunos no tenían documentos de identidad y por eso estaban impedidos para realizar trámite judicial alguno.
El fallo de tutela es de primera instancia por lo que los lavadores aún pueden apelar la decisión a través de su representante jurídico para que se defina quién tiene la razón.
SATISFACCIÓN
Adelfo Doria Franco, gerente de Espacio Público de Cartagena, afirma que “esta es una decisión judicial de gran trascendencia para la política pública de recuperación del espacio público que con gran esfuerzo hemos sacado adelante. Logramos demostrar al juez que esas personas dicen ser lavadores de carros, pero no aparecen en ninguno de nuestros registros y estudios de la zona”.
Doria agrega que: “El Distrito ha emprendido un programa serio y planificado de recuperación del espacio público y de superación de la pobreza, beneficiando a personas que durante años han vivido de la informalidad por necesidad; pero no podemos permitir que aparezcan personas a pescar en río revuelto o avivatos que invadan el espacio público para que los jueces los incluyan”.
El funcionario prevé que la abogada Páez apele la decisión pero dice “estamos seguros que los jueces nos seguirán dando la razón, porque hemos sido serios y responsables con nuestra tarea y la ciudad entera ha visto los resultados: más de 100.000 m2 de espacios recuperados y más de 1.000 ex vendedores informales con negocios propios”.
IMPUGNACIÓN
Jomaira Páez Romero, abogada de los lavadores de carros de La Cordialidad, dice que “impugnaremos la decisión judicial adversa para que sea en una instancia superior donde se decida definitivamente este caso”.
Páez anuncia que la impugnación se presentará a más tardar el miércoles de esta semana y espera que se reconsidera la decisión judicial de primera instancia.
La jurista afirma que “lo que me interesa es que mis clientes puedan mantener una fuente de ingresos para sus familias y por eso si en esta caso el Distrito no va a quitarlos de las zonas en las que ejercen su actividad pues no habrá problema, lo que nos preocupa es que intenten desalojarlos”.
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