Distrito no pagó millonarias conciliaciones con docentes

De lo que responda el Ministerio de Educación, dependerá bastante el desenlace de un incidente de desacato contra la Alcaldía de Cartagena. El Distrito alega cumplió con la sentencia judicial que dio origen a este nuevo proceso y por ende no debe ser sancionado. Se debe a que el Tribunal Administrativo de Bolívar necesita conocer si ésta dependencia nacional recibió $3.807 millones 611 mil de parte de la Administración Distrital, a la cual ordenaron de abstenerse de pagar una millonaria conciliación con 32 docentes del colegio Inem de esta ciudad. Este “rollo judicial” surgió de una acción popular instaurada por el veedor Jorge Piedrahíta Aduén, quien para la época, denunció irregularidades en la celebración de conciliaciones con los docentes del Colegio INEM, que le habrían generado al Distrito el deber de pagar aproximadamente $2.800 millones en el año 1999. Hasta ayer sin embargo se desconocía una respuesta al respecto por parte del Ministerio de Educación, pues El Universal consultó la Oficina Jurídica de esta cartera, donde manifestaron no tener conocimiento de tal solicitud del Tribunal. Lo cuestionable Debido a esa sentencia judicial del año 2001, la Administración Distrital de entonces se comprometió a revisar y reliquidar las 32 conciliaciones efectuadas. Estas conciliaciones se hicieron entre el Distrito y los docentes del INEM en junio del 1999, donde los educadores cobraban incrementos de sueldos y primas dejadas de percibir desde el año 1987. Como prueba de la existencia de irregularidades en las conciliaciones, fue presentado ante el Tribunal un ejemplo en el cual Piedrahíta Aduén señala que un docente del INEM dice haber dejado de recibir cerca de $15 millones 759 mil, entre los años 1887 y 1988. La supuesta irregularidad radica en que los intereses de esa negociación totalizan en 12 años, cerca de $374 millones, para un total a pagar, hasta el 2000, de $390 millones. Esto, a juicio del demandante, rompe toda lógica, porque los intereses iniciales eran de 39,86% anual y empezaron a generarse desde el 20 de mayo del 1988 hasta mayo 2 de 1989. Posteriormente los intereses anuales se ‘cargaban’ cada seis meses y después cada dos meses, es decir, terminaron cobrando el valor del interés anual cada dos meses, por lo cual en un solo año se cobraron intereses equivalentes a 6 años. El Ministerio de Educación, que supuestamente giró los recursos para el pago de las conciliaciones, entró al proceso en defensa de lo alegado por el veedor. Expuso que las conciliaciones, según sentencia de la Consejo de Estado, en el tiempo en que se hicieron no podían llevarse ante el Ministerio de Trabajo, sino a través de la Procuraduría. El Tribunal ordenó examinar y cuantificar las sumas reclamadas para determinar si realmente se les debe, y cuánto se les adeuda a los docentes. También dispone verificar que los intereses sean los establecidos en las leyes, pues prevé que fueron exagerados y mal liquidados. Volvió a revivir Este tema revivió luego de que el Veedor insistiera ante el Tribunal en que al parecer el dinero aún no ha sido devuelto a la Nación, tal como se dispuso en la acción judicial, y solicitó sanción o arresto contra el mandatario de turno. Hace pocos días el Tribunal volvió a remitir una comunicación al Ministerio de Educación para que responda, ya que en solicitudes anteriores ha guarda-do silencio y el trámite de desacato sigue estancado. La administración no pagó La Oficina Jurídica del Distrito argumentó que el fallo no ordena en ninguna de sus partes devolución alguna de sumas de dinero a favor del Ministerio de Educación Nacional, por tanto, mal podría la Administración Distrital en la actualidad, emitir certificación y/o constancia en tal sentido. “El cumplimiento de la sentencia por parte del Distrito de Cartagena, se predica, en este caso particular, con la sola abstención de cancelar los dineros re-conocidos a los docentes en la conciliación celebrada que dio origen a la presente Acción Popular, dineros que efectivamente no fueron cancelados, en procu-ra de la salvaguarda de la moralidad administrativa y defensa del patrimonio público, acorde con la decisión del alto Tribunal de lo Contencioso Administra-tivo”. Así las cosas, la Administración está demostrando el cumplimiento del Distrito de Cartagena de la orden dada por este Tribunal y como consecuencia so-licitó al Tribunal respetuosamente no declarar en desacato al Distrito de Cartagena.