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Distrito, a pagar $2.100 millones

El no defenderse oportunamente dentro del trámite de una demanda, le costará al Distrito el pago de una suma millonaria.

El Consejo de Estado “castigó” tal negligencia obligando a la Administración Distrital a pagar más de $2.100 millones por la muerte de un policía en hechos ocurridos el 24 de septiembre de 1998.
El Distrito se quedó sin la posibilidad de apelar una sentencia de primera instancia, porque permitió que ésta quedara ejecutoriada, es decir, culminó su trámite normal sin opo-nerse a lo dispuesto en el fallo judicial.
Y la posibilidad de apelar fue denegada por el Consejo de Estado al resolver una apelación hecha a un oficio del Tribunal Administrativo de Bolívar, en el que ordenaba anular la notificación de la sentencia y realizar de nuevo este proceso de comunicación, porque el Distrito al parecer nunca vio el edicto de notificación publicado en la secretaría del despacho judicial.
Esto permitía al Distrito controvertir la sentencia que lo condena para tratar de revocar lo decidido.
Sin embargo, al revisar el caso el Consejo de Estado sentenció que fue acreditado el edicto mediante el cual se notificó la sentencia y se publicó en la cartelera respectiva, luego se archivó y legajó en el expediente.
“...lo que sí se evidenció es que (el Distrito) no contestó la demanda, situación omisiva que se prolongó hasta permitir la ejecutoría del fallo, y ahora pretende con nulidad reabrir los términos para apelar la decisión”, señala el Consejo de Estado.

Y la firma qué hizo
A juicio del ente judicial, las declaraciones dadas por una firma de abogados (Lupa Jurídica) que defiende al Distrito en varios procesos, carece de imparcialidad, ya que su labor precisamente era recolectar la información del proceso, y por lo tanto se vería afectada la Administración en caso de que no verificara si la providencia se notifica y queda ejecutoriada.

El caso
El fallo fue proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que condenó al Distrito a pagar una suma millonaria por la muerte de un policía que falleció ahogado al caer dentro de una alcantarilla sin tapa en la Calle Nueva del barrio El Espinal, el 24 de septiembre de 1998.
Según se relata en la demanda de los familiares del fallecido, Eduardo Morales Hernández, quien tenía 39 años de edad, el ex policía caminaba por El Espinal promediando las 11 de la noche, cuando cayó dentro de una alcantarilla, la cual no tenía tapa y tampoco mostraba señales que advirtieran de tal situación.
Morales Hernández no alcanzó a conocer a su hijo, pues su mujer estaba embarazada. De él dependían sus padres y algunos hermanos, por lo cual en la demanda su familia advirtió que la desgracia le trajo muchas necesidades a la familia.
En la Calle Nueva se adelantaban obras de adecuación de redes del alcantarillado por parte de Aguas de Cartagena, por lo que además había más de una alcantarilla sin tapa, y además la zona estaba oscura.

Falla legal del Distrito
El Distrito respondió la demanda fuera de los términos de la ley, sin embargo el Tribunal Administrativo de Bolívar hizo alusión a su respuesta en la que atribuye la responsabilidad a la empresa Aguas de Cartagena, ya que era la ejecutora de los trabajos y debió advertirle a los empleados sobre la obligación de tapar las alcantarillas al terminar las obras.
Pese a esta respuesta del Distrito, el Tribunal consideró que el contrato de concesión con Aguas de Cartagena señala expresamente en uno de sus artículos, que la responsabilidad de planear y construir todas las obras de ampliación del servicio de acueducto y alcantarillado era de la Administración Distrital.

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