El calvario en Instrumentos Públicos

La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena está sumida en un caos, según quejas múltiples que hemos recibido en El Universal.
Como de su desempeño depende buena parte de la competitividad de la ciudad, y el bienestar de sus usuarios, publicamos la narración que sigue porque la creemos representativa de lo que sucede a cientos de personas en Cartagena, y porque quien denuncia documentó su viacrucis al detalle y nos permitió usar su nombre. 
Ramón del Castillo Restrepo y familia tienen que vender al Estado parte de un predio de su propiedad, en la carretera a Turbaco, para la ampliación de la carretera troncal, en manos del Consorcio Autopistas del Sol.
La ampliación corresponde al tramo 1 de la Ruta Caribe, referente a la construcción de la segunda calzada Cartagena–Turbaco-Arjona y la rehabilitación de la calzada existente.
Para este fin, el 23 de marzo de este año, Del Castillo Restrepo acudió a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para realizar la escritura de venta No.° 357 del 13 de marzo de 2012, de la Notaría Cuarta de Cartagena.
Fueron entregadas cuatro copias, radicadas bajo el número 2012-060-5789, y aunque la ley establece que el proceso de registro debe cumplirse en el término de 3 días hábiles, Del Castillo Restrepo esperó 10 días, pero este plazo no se cumplió.
Regresó por la documentación el 7 de mayo, es decir, 45 días después, y lo que recibió fue una nota devolutiva.
Error grave
En el documento entregado por la Oficina de Registro, se anota una “incongruencia entre el área y/o linderos del predio citados...”.
Señala que “el documento presentado para el registro trae un área de 145.676.00 m2, y el área registrada en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria es de 14 hectáreas 5.676 m2, luego, ¿no son equivalentes las dos medidas?
El ciudadano afectado señala como “increíble” que esa importante entidad no se percate de que las dos áreas son iguales.
Asimismo, en la nota devolutiva la Oficina indica que “se hace necesario suministrar licencia urbanística”, por lo que Del Castillo señala que no está obligado a presentar licencia urbanística porque “nosotros no estábamos urbanizando sino vendiendo al Estado una parte del predio para una carretera”.
Luego, el afectado se entrevistó con una persona llamada Claudia, quien constató el error, aclaró que todo estaba correcto y sugirió someterla de nuevo a registro. Esta vez la solicitud quedó radicada con el número 2012-060-8631, y le informaron que se demoraba diez días más. Buscó ayuda para la agilización pero no la encontró.
Seguía el calvario
Pasaban los días y no se obtenía respuesta del radicado, y a Del Castillo solo le daban razones como que la Registradora no estaba firmando ese día, que estaba en estudio, que solo atendían los martes y jueves.
Cuando, finalmente, el 1 de junio le dijeron que estaba lista, le informaron que debía cancelar $8.700 que estaban pendientes por un error de esa misma entidad en la liquidación original, que por motivos de tiempo no fueron cancelados ese día.
Hasta el 24 de junio le entregaron los documentos, sin embargo, de  cuatro copias que había radicado, solo recibió la tercera y la cuarta. Cuando fue a reclamar la primera copia, según afirma Del Castillo, la copia “no estaba, se esfumó, no aparece, se perdió”.
Más inconvenientes 
La falta de la primera copia, que no ha sido entregada aún, ha causado inconvenientes con los compradores del predio, pues “exigen la primera copia para cancelarnos el saldo”. Esta información fue confirmada por María de los Ángeles Bettín, representante de Autopistas del Sol.
Como si fuera poco, al lote vendido, una parte del original, no le abrieron Folio de Matrícula. El Consorcio lo solicitó por escrito el 13 de junio y hasta ayer la respuesta era que estaba listo, pero que lo habían podido imprimir y que lo entregarían hoy.
“No acepto como normal el viacrucis al cual someten a los ciudadanos que deben recibir el servicio de esa oficina, y menos ver cómo se maneja el registro con tanta lentitud e incompetencia”, concluye el ciudadano afectado que lleva, con el de ayer, 95 días esperando legalizar esta operación.
Del Castillo Restrepo se preguntó quién pagará los perjuicios diversos, entre estos los intereses dejados de percibir por él y por los demás usuarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, debido a la ineficiencia e indolencia de esta entidad y también se sorprendió de que ningún gremio haya dicho absolutamente nada acerca de este problema grande para la ciudad.