El estigma de las máquinas tragamonedas

Al borde de la quiebra dicen estar más de 100 comerciantes y propietarios de los salones de máquinas tragamonedas en Cartagena, quienes aseguran sentirse perseguidos y estigmatizados. La persecución dicen sentirla por el aumento de los operativos de la Empresa Territorial para la Salud (Etesa), que junto a la Policía sella e incauta estas máquinas. El estigma Fernando Alonso Osorio, vocero de estos microempresarios, en su mayoría tenderos, dice que “nos tienen una imagen negativa creciente” en la que se les tildan como ilegales. Osorio expresa que lejos de ser ilegales, “somos medianamente informales, porque la mayoría de estos negocios tienen registro de industria y comercio, y todos los permisos necesarios. La gente piensa que el dinero de las máquinas es mal habida y que se distribuye para la delincuencia. Todo eso es lo que queremos desvirtuar”, asegura Osorio. Condiciones Los comerciantes indican que siempre han estado dispuestos a pagar los impuestos por explotación de estos artefactos de juegos, y por eso consideran “injustas las tarifas y exigencias de Etesa”. “Esta empresa nos exige tener mínimo 80 máquinas para otorgarnos un contrato y legalizarnos”, señala David Moreno, también comerciante. Moreno añade: “Nos están midiendo igual que a los grandes casinos de Bocagrande, pero no pueden comparar a las máquinas de $200 millones que poseen esos estableciemintos, con las de nosotros que cuestan $500 mil por su antigüedad, y que con gran esfuerzo adquirimos. Etesa de esta manera nos sacó del mercado de un momento a otro”. Los contratos para legalizar este tipo de juegos de azar incluyen pago de impuestos de 12 millones 978 mil pesos, mensuales, por ochenta máquinas en funcionamiento. “Bajo esas condiciones es muy difícil acogernos a la ley, porque cada máquina tendría un impuesto de 280 mil, y una tienda no da esa plata”, indica Cesar Castaño, microempresario, quien además asegura que sus establecimientos no tienen clientes jugadores como tal, “es más bien un servicio que ofrecemos para atraer clientes y para ayudar a sostenernos, como las ventas de minutos por celular, y lo peor es que ya están judicializando a las personas que tienen las máquinas”. La propuesta de estos pequeños empresarios es que Etesa reciba los aportes que ellos transferirían a la salud, sin tener en cuenta la cantidad mínima de máquinas, “es decir, que se reciban los aportes de manera proporcional y por igual al que explote pequeñas cantidades de máquinas tragamonedas”, insisten. Norma reguladora El Decreto 1905 del 30 de mayo de 2008 reglamentó la profesionalización de juegos de azar en el país. Esta resolución faculta a la Empresa Territorial para la Salud (Etesa), para ejercer labores judiciales junto a la Policía, con el objetivo de combatir la ilegalidad en este tipo de negocios. Esto quiere decir que no se dependerá de la preparación de un operativo para hacer el sellamiento e incautación de máquinas ilegales. Mayor control Etesa pretende garantizar al consumidor la confiabilidad de las máquinas, es decir, evitar que estos artefactos sean alterados. El mecanismo para esto será reglamentado por el Ministerio de Protección Social y la misma entidad. Por esto fue reglamentada la conexión de los elementos del juego electrónico en línea y en tiempo real, con el sistema de información de Etesa, a la que le corresponderá diseñar y adoptar el programa que permita la implementación de la conexión.