La familia alega que el ataque fue en el interior de plantel, muy cerca de la puerta de salida, mientras que el Distrito dice que fue en las afueras del centro educativo.
Tras considerar que fue fuera del Inem, el Comité de Conciliaciones del Distrito se niega a aceptar una conciliación con la familia, la cual solicitó a la Procuraduría Delegada ante el Tribunal Administrativo de Bolívar programe una audiencia para tal fin.
El Comité de Conciliaciones había analizado previamente el asunto y no le dio viabilidad a la solicitud de conciliación, alegando que de conformidad con un informe rendido por la Secretaría de Educación Distrital los hechos ocurrieron por fuera de los limites de vigilancia del colegio.
Sin embargo, en su solicitud de indemnización, la familia alega que el hecho en el cual resultó herido y consecuentemente invalido el estudiante se presentó el 13 de mayo de 2010 dentro del colegio. Allí resultó apuñalado en la columna dorsal el joven Alberto Garcés Cervantes por un grupo de jóvenes que habían protagonizado una riña con otros estudiantes.
Garcés Cervantes, según sus familiares, fue atacado cuando se encontraba conversando con una compañera de clase y por ello no corrió como lo hicieron otros alumnos atemorizados por el ataque de pandilleros.
El informe del Instituto de Medicina Legal fue el encargado de señalar que la puñalada recibida le afectó varias partes internas del cuerpo, lo que le ocasionó la perdida de locomoción de carácter permanente.
Debido a esta situación, los padres y hermanos del estudiante presentaron ante la Procuraduría General de la Nación la reclamación millonaria, como paso previo a una demanda contra el Distrito de Cartagena y el Ministerio de Educación Nacional, entidades a las que demandan.
La familia, através de su abogada Ana Patricia Ramírez Quintero, considera que tanto el Distrito como el Ministerio tienen el deber del cuidado y protección de los alumnos, para lo cual debe adoptar medidas de vigilancia eficaz para garantizar su integridad física.
A juicio de los demandantes, es el Consejo de Estado, que en fallos por casos similares, ha reiterado en la responsabilidad de las instituciones y el Estado en el cuidado de los alumnos, de tal manera que se garantice su seguridad y se vigile su comportamiento.
A su petición, agregaron un informe de la Personería Distrital que da cuenta sobre los problemas de violencia de alto impacto comunitario que se presentan en el Inem y pese a ello persiste la ausencia de protección y medidas de seguridad adecuadas en dicho centro educativo.
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