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En Cartagena, fallos judiciales protegen derechos de discapacitados

El debate judicial se centra ahora en varios edificios o inmuebles declarados patrimonio histórico y cultural de la Nación, donde actualmente funcionan entidades públicas, debido a que su infraestructura impide que personas con discapacidades físicas accedan con facilidad a éstos.

En la semana que culminó, el Tribunal Administrativo de Bolívar volvió a fallar, en segunda instancia, dos acciones populares que conminan, incluso a la propia Rama Judicial de Cartagena, y al Gobierno Departamental a tomar medidas y ejecutar algunas obras para que los discapacitados puedan acceder a las oficinas públicas que funcionan en edificios, tales como el Cuartel del Fijo y el Palacio de la Proclamación.

En el caso del edificio del Cuartel del Fijo, sede de la mayoría de juzgados de la ciudad, la Administración de la Rama Judicial en Cartagena deberá habilitar una oficina en el primer piso de ese inmueble para la recepción de cualquier tipo de documento o diligencias que personas discapacitadas deban realizar ante los despachos judiciales que allí funcionan.

Así mismo, el Tribunal Administrativo de Bolívar dispuso que deberá construirse una rampa móvil antideslizante que permita el ingreso de personas discapacitadas al primer nivel del Cuartel del Fijo y hasta la oficina que debe habilitarse para la atención de éstas personas.

La orden es el resultado del trámite de una acción popular interpuesta por el ciudadano Álvaro Ahumada, quien exigía la colocación de ascensores en el citado edificio, que tiene hasta 4 pisos, por cuanto a personas discapacitadas, de edad avanzada e incluso a otro tipo de usuarios a los que le cuesta acceder por escaleras a los despachos judiciales en pisos superiores.

Sin embargo, la petición del demandante no fue atendida por el Tribunal dado que el Cuartel del Fijo, por sus características especiales de infraestructura y por ser monumento Distrital y Nacional no puede ser sujeto de modificaciones, solo de restauración y mantenimiento.

Esa fue la defensa que también esgrimió al Administración judicial, presentando a su vez un informe del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena que señala que esa edificación solo puede ser objeto de recuperación, acondicionamiento y mantenimiento ya que pertenece a una categoría especial denominada Edificio Especial Militar, lo que lo hace un monumento de protección por parte del Distrito y de la Nación.

A la Gobernación

Otro fallo ordena a la Gobernación de Bolívar realizar los trabajos locativos necesarios para facilitar el acceso de discapacitados al Palacio de la Proclamación.

Se le concedió un plazo de 4 meses para realizar las gestiones presupuestales necesarias y cuenta con otros 6 meses para ejecutar las obras que se determinen.

En este fallo, el ente judicial también tuvo en cuenta que el edificio es un patrimonio histórico y por lo tanto la Gobernación de Bolívar no está legitimada para realizar modificaciones a ese inmueble, solo algunas adecuaciones.

Esta acción popular fue interpuesta por Libardo Blanco, quien solicitó se ordenara al Departamento atender lo establecido en el manual de accesibilidad y normas técnicas diseñadas por el Icontec.

Una acción similar falló el año pasado, en primera instancia, el Juzgado Segundo Administrativo de Cartagena, que le concedió un año de plazo a la Gobernación de Bolívar para que realizara los estudios técnicos necesarios y obtenga las autorizaciones que requiera de parte de las autoridades competentes para establecer la mejor solución para evitar las barreras arquitectónicas que impiden el acceso de  personas con discapacidad al Palacio de la Proclamación, sede del ente departamental.A la Unicartagena

A finales del mes pasado, el Tribunal Administrativo de Bolívar también confirmó un fallo de acción popular que le ordenó a la Universidad de Cartagena reformar sus sedes académicas y administrativas, de tal forma que se les pueda facilitar el acceso a personas discapacitadas. Entre las sedes se incluye el Claustro San Agustín, también declarado patrimonio histórico nacional.

 

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