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En junio, sentencias por masacre en San Cayetano y Mampuján

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá anunció que posiblemente el 29 de junio se dictará sentencia contra los ex comandantes paramilitares Édwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino, y Úber Banquez Martínez, alias Juancho Dique, por la masacre acaecida entre 11 y 12 de marzo del 2000 en el corregimiento de San Cayetano, en San Juan Nepomuceno, y Mampuján, en Marialabaja.

El anuncio fue hecho después de 11 días de audiencias, dentro del finalizado proceso de incidente de reparación integral de víctimas de los actos sangrientos antes señalados.
En esa fecha el Tribunal de Justicia y Paz leerá el fallo a los acusados dentro del proceso que se les adelanta por los hechos de Mampuján, San Cayetano e Isla Múcura.
En la última jornada de la audiencia, la procuradora Claudia María Solanilla enfatizó en el hecho de que la reparación no es solamente material, y que se debe garantizar el acceso de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

SOBRE INDEMNIZACIÓN
De otro lado, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá hizo un llamado a los abogados que representan a las víctimas, sobre los montos de las pretensiones presentadas, señalándoles que debían ser más racionales en sus solicitudes, ya que no son las únicas comunidades que esperan ser reparadas.
Sobre este punto, los representantes de las víctimas manifestaron que tanto las medidas indemnizatorias como las cuantías fueron fijadas conforme a la ley, y que aunque no se le puede dar un precio a la vida humana, sí es necesaria la indemnización material.
La Fiscalía expuso que serían aproximadamente 856 familias (unas 1.638 personas) las que tendrían derecho a ser reparadas por los daños inmateriales y materiales ocasionados.
Durante las audiencias por incidentes de reparación, familiares del corregimiento de San Cayetano expusieron sus pretensiones de reparación individual, que en promedio estuvieron alrededor de los 500 millones de pesos por núcleo familiar.
La Defensoría pidió como indemnización cantidades que variaban entre los 450 y 500 millones de pesos.
Para fijar dichas cantidades, los abogados defensores manifestaron que se tuvieron en cuenta aspectos como el lucro cesante (74 millones 290 mil 233), daño a la vida en relación (250 salarios mínimos vigentes), daños directos materiales (dependiendo de cada víctima) y el daño moral (500 salarios mínimos vigentes).
Los defensores también hablaron de la responsabilidad del Estado por acción u omisión y señalaron la necesidad de que haya garantías de no repetición.
Pasando al tema de los daños morales, se habló de afectaciones emocionales causadas por los sentimientos de dolor, impotencia y miedo constante, así como la pérdida de interés en generar un progreso individual, familiar y social.

LAS PÉRDIDAS
Durante las audiencias, la Fiscalía 11 de Justicia y Paz también trató el tema de los daños comunes materiales como la pérdida y deterioro de la vivienda, pérdida de la tierra, pérdida total o parcial del modelo productivo, pérdida de los cultivos, pérdida de ganado y aves de corral, así como el incremento de gastos de comida, vivienda estudio y transporte.
Pasando al tema de los daños morales, se habló de afectaciones emocionales causadas por los sentimientos de dolor, impotencia y miedo constante, así como la pérdida de interés en generar un progreso individual, familiar y social.
Luego de escuchar a las diferentes partes, los abogados de Cobos Téllez y Banquez Martínez corroboraron que el daño material mostrado por los defensores de las víctimas había sido probado ampliamente, pero quisieron hacer una anotación sobre el tema.
Según ellos, los defensores de las víctimas fundamentaron las pretensiones en el artículo 97 de la Ley 599 de 2000, pero esta ley entró a regir en el año 2001.
Teniendo en cuenta que los delitos a los que se hace referencia fueron cometidos en el año 2000, esta ley no sería la apropiada para fundamentar la indemnización del daño material.

PIDEN PERDÓN
Cobos Téllez, en nombre suyo y de Banquez Martínez, les pidió reiteradas veces perdón a las víctimas, añadiendo que lo sucedido no tenía justificación alguna y que en sus almas sólo hay un sentimiento de culpa y arrepentimiento.
Cobos le pidió a la Sala de Conocimiento que se les tenga en cuenta para la aplicación de la pena alternativa, estipulada por la Ley de Justicia y Paz, puesto que ellos han colaborado desde el principio con el proceso.
El procesado abordó primero el tema de la reparación material, para lo que ofreció nueve fincas entregadas por él, de las cuales seis ya están legalizadas por el Fondo de Reparación a las Víctimas.
También ofrecieron otros bienes y automotores entregados durante la desmovilización.

TAREAS PENDIENTES
Antes de fallar, el Tribunal espera tener en cuenta los resultados de las tareas impuestas a la Gobernación de Bolívar.
El organismo territorial tiene de tarea determinar cuántas extensiones de tierras se vendieron después de la masacre y el desplazamiento en la zona, al igual que las medidas de protección para evitar la venta masiva de bienes, al igual que establecer si aún los inmuebles abandonados en Mampuján y San Cayetano siguen existiendo jurídicamente en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
Así mismo, el Tribunal requiere conocer qué personas han vendido y quienes han comprado tierras en las poblaciones mencionadas.

DISPUESTOS AL RETORNO
Durante las audiencias, lideres de los corregimientos de Mampuján y San Cayetano señalaron que existe el interés de varias familias por retornar a su lugar de origen, lo cual se materializaría sólo si les garantizan las condiciones mínimas para poder vivir en el sitio.
Unas 25 familias están dispuestas a retornar a Mampuján, pero también hay muchas familias que aseguraron que jamás regresarán.
También solicitaron que se les permita acceder a becas, auxilios y programas educativos, al igual que reiteraron en la necesidad de que se les garantizara la seguridad, ya que estas condiciones no están dadas.
Igualmente solicitan que se les restablezca el acceso a los servicios de salud y demás servicios sociales, porque esos aspectos les permitiría vivir de manera digna.

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