En lío jurídico, embargan cuentas ajenas en Cartagena

Las ordenes de embargos fueron proferidas por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena y las que inicialmente se ejecutaron son del orden de los $18 mil millones.
Este debate jurídico salió a relucir a la opinión pública, luego de que la Oficina Jurídica del Distrito reclamara al Juzgado por el embargo que le hiciera de una cuenta de la Administración manejada por la Fiduciaria La Previsora, la cual guarda cerca de $2 mil millones. Hay otro embargo acechando por aproximadamente $6 mil millones.
Manifiesta la Oficina Jurídica del Distrito que esta cuenta es inembargable porque maneja recursos de rentas (impuestos).
La administración anunció que pondrá esta situación a consideración de la Fiscalía Seccional.
Este caso partió de una demanda interpuesta contra Fiduciaria La Previsora y no contra el Distrito, y obedece al reclamó que le hacen unos particulares por el valor de un predio cedido al desaparecido Inurbe. Al parecer esta entidad no saldó la deuda y sus activos pasaron a una fiducia con La Previsora.
El abogado Ismael Espitaleta, que representa los intereses de las personas que demandaron a la Fiduciaria, aclaró que el juzgado no ha incurrido en ninguna equivocación.
“Mas bien el ente demandado ha incurrido (y continua incurriendo) en desatinos jurídico-procesales que han desencadenado los embargos”.
El abogado demandante alegó que una vez decretados los embargos, y antes de llevar los oficios a los bancos destinatarios, él estuvo en Bogotá enterando a la Fiduciaria sobre el contenido de los oficios  y le solicitó a Fiduprevisora S.A. llegar a un acuerdo o conciliar, pero no hubo respuesta.
Alega el abogado Ismael Espitaleta que este enredo con recursos que no son de La Previsora se habría evitado si esta entidad atiende la solicitud de conciliación y si presenta las certificaciones del caso ante el juzgado, alegando que las cuentas no son de su propiedad, sino administradas por esa firma estatal, ya que el juzgado no tiene por qué conocer esa situación.
“La señora juez segundo civil del Circuito de Cartagena se ha dedicado única y exclusivamente a la aplicación de la ley. El expediente puede ser visto y analizado por cualquier persona. También falla Fiduprevisora cuando su departamento jurídico no usa los mecanismos que ofrece la ley procesal colombiana. Nuestra legislación procesal permite y garantiza la posibilidad de  evitar  embargos y de  levantar  embargos. ¿Por qué, antes de levantar polvaredas, no utilizaron los medios de ley?”, dijo Espitaleta.

Habla Fiduprevisora
Ante esta situación, el abogado de la Fiduciaria, José David Morales Villa, alega que en este proceso existen varias irregularidades, y por eso se le pidió a las autoridades de control ejercer una vigilancia especial del caso.
Señala que no existe en la entidad obligación dineraria alguna producto de título valor o de condena judicial a favor de los señores a los cuales apodera el abogado Espitaleta.
Considera que este proceso ejecutivo se originó ilegalmente contra La Previsora por una solicitud de rendición de cuentas de los demandantes al extinto Inurbe
Añade que no existe condena en firme contra el extinto Inurbe.
“El juzgado ordena la medida y hace caso omiso de la respuesta de los bancos que contestan que estos dineros no pueden ser embargados porque pertenecen a patrimonios autónomos administrados por esta Fiduciaria, no obstante el juzgado con inusual rapidez y eficiencia requiere a los bancos para que consignen los recursos”, dice Morales Villa.
Aclara que el juzgado profirió una medida sin póliza judicial  que garantizara la indemnización de los perjuicios causados a Fiduprevisora o a terceros, como es el caso del Distrito de Cartagena. Además se concedió el amparo de pobreza a los demandantes y por esa razón no se prestó la caución.
“Los demandantes aparecen como cotizantes al régimen de seguridad social y son propietarios de un inmueble en un barrio no precisamente de pobres de esta ciudad como es el Pie de La Popa.
Señala que desde el pasado 9 de noviembre fue presentó un recurso de reposición contra las órdenes de embargo, y todavía no han obtenido respuestas.
“El juzgado aún no resuelve ni favorable ni desfavorablemente nuestros recursos de ley. Es más... inexplicablemente continua con el proceso sin darle trámite siquiera al recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo; no obstante lo anterior, ha sido muy eficiente y diligente en cuanto a las órdenes y requerimientos de embargo, en nuestro sentir el juzgado es mucho más expedito a cumplir las solicitudes del demandante que las del demandado, que en últimas es una entidad conformada con dineros del Estado”, dice.
“Queremos a todas luces evitar un nuevo caso de desangre de recursos públicos amparados en decisiones judiciales amañadas”, señala José David Morales.
Lo verdaderamente preocupante de este asunto es que hay dineros embargados de entidades públicas y particulares, ajenas a las reclamaciones de los demandantes.