En un proceso penal terminó un amplio debate judicial entre varios militares retirados residentes en Cartagena, y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. Hasta el momento este pleito está favoreciendo a los militares retirados, dado que la Fiscalía solicitó acusar al director de la Caja, general Rodolfo Torrado Quintero, por presunto fraude a resolución judicial y por rehusarse a cumplir fallos judiciales del Tribunal Administrativo de Bolívar que le ordenan reajustar las pensiones a los ex militares. En su escrito de acusación, la Fiscalía General de la Nación expone que no se han aplicado los reajustes ordenados en sentencia judicial, omitiendo cumplir lo dispuesto por un tribunal. Varios militares en retiro han considerado la omisión de reajustarles las pensiones, como una persecución, ya que han acudido a diversos mecanismos judiciales para hacer efectiva tal solicitud. Muchos de ellos en vez de obtener un reajuste, han sido minados con resoluciones por parte de la Caja de Retiro, conminándolos a devolver dinero al Estado. Según el abogado de varios de los militares en retiro, quien pidió mantener en reserva su identidad, más de 40 demandas interpuestas en Cartagena han sido resueltas a favor de los accionantes, cuyos fallos ordenan reconocer y pagar los reajustes de pensiones. El problema radica en que las pensiones debían ajustarse acorde con el Indice de Precios al Consumidor (IPC), pero la Caja de Retiro, según el abogado y militar retirado, lo hacía por debajo de este tope, lo que afectaba el poder adquisitivo de las pensiones de estos jubilados. Esta situación ocurre desde 1997, ante lo cual los quejosos reclaman el pago de los reajustes desde ese año hasta aho-ra. Les descuentan A algunos de los militares retirados la Caja les está ha-ciendo descuentos con el argumento de haber pagado en exceso presuntas diferencias salariales. Tal situación derivó en muchas acciones de tutelas por parte de los afectados, pues les parece inadmisible que la Caja se niegue a realizar los reajustes ordenados por las sentencias, y en su defecto vulnere el monto de sus pensiones. Por su parte, la Caja de Retiro conceptúa que todas sus actuaciones sobre el reclamado reajuste pensional, se ajustan al ordenamiento legal. Hace referencia a un fallo de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, que archivó una queja contra el director de la entidad por este tema, pues no advirtió falta disciplinaria alguna respecto a la actuación del funcionario en este debate pensional.
Cartagena
En lío penal por no cumplir fallos judiciales
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