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En riesgo patrimonio de la Nación en Isla de Barú

Luego de la tutela instaurada por Carlos González contra la Alcaldía Distrital y la Empresa Comercial del Estado (Fonade), así como de la decisión proferida por el Juzgado Décimo Trece Administrativo de Cartagena, que pone en riesgo los intereses patrimoniales de la Nación como titular del Derecho de Dominio de unos terrenos en la Isla de Barú, la Contraloría decidió intervenir en el proceso.

Así lo manifestó el contralor General Julio César Turbay en la reunión sostenida con la Procuraduría y la Fiscalía, para fortalecer la acción conjunta de estas 3 entidades.
El predio que está en riesgo se denomina La Puntilla y es de aproximadamente 74 hectáreas.
“En este caso, después de más de 25 procesos policivos promovidos por el Estado en defensa de los bienes fiscales de su propiedad en la Isla de Barú, un fallo de tutela pone en riesgo toda la actuación”, dijo Turbay.
El Contralor explicó que se trata de la tutela instaurada por el ciudadano Carlos González por medio de la que pretende que se anule la orden de restitución impartida por la Alcaldía de Cartagena de un bien fiscal imprescriptible, en la Isla de Barú.
Señaló que luego de haberse cumplido la diligencia de restitución del predio de La Puntilla con el lleno de las exigencias de ley y con el respeto del debido proceso, el Juez Décimo Trece Administrativo de Cartagena, mediante Sentencia de Primera Instancia de fecha 26 de noviembre de 2009, ordenó a la Alcaldía de la Localidad Histórica y del Caribe Norte y a Fonade, la restitución de la posesión de la totalidad del área de 74 hectáreas que comprende dicho predio de propiedad de la Nación, al accionante, Carlos Eduardo González Angulo, de quien se dice no haber sido siquiera ocupante ilegal del mismo.

LE LLAMA LA ATENCIÓN
Según el Contralor, llama la atención el hecho de que la decisión de tutela abarca las 74 hectáreas del predio, cuando sólo estuvieron invadidas en el pasado 34 de ellas.
La Contraloría puso el tema a consideración del Convenio Tripartita de lucha contra la Corrupción, suscrito entre la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República, toda vez que de los hechos en cuestión podrían derivarse un daño al patrimonio público, una conducta disciplinaria y un eventual delito.
Igualmente solicitará que el Consejo Superior de la Judicatura investigue la actuación del juez.
Adicionalmente, la Contraloría se constituirá en parte dentro del proceso de tutela, toda vez que se puede ver gravemente vulnerado el patrimonio público.

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