Contrario a lo que se esperaba, la rueda de prensa ofrecida por el procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado, y la controlora, Sandra Morelli Rico, dejó un sinsabor entre los periodistas y veedores presentes al no dar información precisa sobre las investigaciones que se adelantan en la ciudad y que han sido denunciadas por medios de comunicación y ciudadanos.
El Procurador aclaró que el hecho de que no se conozcan decisiones respecto a la cantidad de investigaciones disciplinarias que se adelantan en Cartagena, no quiere decir que no hayan avanzado en materia probatoria. En este sentido, explicó que para la próxima semana se conocerán decisiones relacionadas con la firma de los otrosí a los contratos de aseo con Pacaribe y Urbaser.
Igualmente, señaló que “la mayoría de los procesos han avanzado sustancialmente y muchos están en etapa de descargos y ad portas de proferirse las decisiones correspondientes”.
Ordóñez fue cuestionado por el presidente de Veeduría popular de Cartagena, Héctor Pérez Fernández, quien, a través de un derecho de petición, solicitó el estado actual de 47 procesos que cursan en esa entidad en contra de la exalcaldesa Judith Pinedo Flórez.
Pérez Hernández dijo que la entrega de resultados es fundamental para que los veedores puedan seguir colaborando con los organismos de control, y denunció que “la inoperancia de estos también es responsable de la corrupción en el país”. “Aquí no sirve para nada la Procuraduría Provincial, ni la regional, ni la Contraloría Distrital”, dijo el veedor.
Los entes de control señalaron que su presencia obedece a la crisis por la que pasa del Distrito y que la denuncias tendrán oportuna respuesta de acuerdo a las realidades probatorias que se recaudan. “Los procesos avanzan, algunos más que otros porque hay que responder al debido proceso. Los accionados pueden interponer recursos, solicitar nulidades y todo esto demora más los procesos”, dijo el procurador Ordóñez Maldonado.
Resultados
Por su parte, la contralora general, Sandra Morelli Rico, dio datos sobre los controles que se realizan a Transcaribe y al Emisario Subamarino. “La investigación a Trasncaribe tuvo que ser reiniciada e identificamos irregularidades en el diseño, la planificación y sobrecostos con un incremento que supera el 300 %”, dijo Morelli Rico, calificando el caso como uno de los más impresionantes de todo el país.
A renglón seguido, indicó que el detrimento patrimonial hallado en el control excepcional, donde también entra el emisario submarino, asciende a $9 mil millones, en donde, según Morelli, se tiene serias preocupaciones por lo que se pueda recuperar.
La Contraloría y la Procuraduría se refirieron a los temas de sobrecostos por parte de Comfamiliar en mercados para damnificados y el edificio que construye Comfenalco a la entrada de Crespo. Morelli Rico señaló que el tema de mercados tiene una auditoría que se realizó dentro del seguimiento especial a los recursos de la temporada invernal y que, en efecto, hubo sobrecostos por $3 mil millones. “Se inició el juicio de responsabilidad fiscal y Comfamiliar se allanó a restituir esos recursos. Eso es causal para el cierre de responsabilidad y, en conclusión, se recuperó el sobrecosto”, dijo.
Por su parte, sobre el tema de Comfenalco, el procurador explicó que, luego de 10 meses, la investigación avanza y que las decisiones se conocerán en su debido momento.
