De a poco los vendedores informales están volviendo a las zonas peatonales de calles que han sido despejadas en los últimos años por el Distrito, luego de procesos de concertación arduos y miles de millones de pesos invertidos en la formalización de comerciantes. (Lea aquí: Comunidad pide salvar espacio público en Chambacú).
Las calles de La Moneda, El Boquete, la Primera de Badillo, y las avenidas Escallón Villa y Venezuela, en el Centro Histórico, son algunos de los espacios que están siendo ‘reconquistados’ por vendedores que dicen no tener otra opción para ganarse la vida.
Una situación similar se presenta en la Carrera 59 del sector Los Ejecutivos, donde la afluencia de personas es aprovechada por informales para vender desde aretes, collares, frutas, queso y otros productos.
Cero tolerancia
El gerente de Espacio Público de Cartagena, Adelfo Doria Franco, reconoce que la falta de vigilancia de muchas de las zonas que han sido recuperadas por el Distrito, facilita la llegada de comerciantes nuevos.
Al respecto anota: “Se nos agotó la paciencia con los reinvasores del espacio público. Vamos a ser más drásticos en la protección del espacio público y por tanto hemos oficiado a la Comandancia de la Policía Metropolitana de Cartagena para que nos asigne un escuadrón de policías encargado de realizar operativos de protección y control del espacio público y ejercer mano dura con los reinvasores”.
Agrega que “aquí también necesitamos que la ciudadanía nos apoye más, debe haber cero tolerancia frente a los invasores del espacio público”.
Alternativas
El Gerente de Espacio Público asevera que para revertir esta situación se requiere inicialmente “que los Alcades Locales como cabeza de la Policía en sus Localidades se ‘pellizquen’ y actúen frente a los reinvasores, pero para eso necesitan un decidido apoyo de sus comandantes de Policía”.
Doria asegura que adicionalmente se pretende crear una norma policiva que endurezca las sanciones para los invasores de espacio público. Este proyecto será presentado esta semana al alcalde Campo Elías Terán Dix, y de ser necesario, será llevado al Concejo Distrital para su aprobación.
“En adelante, quien sea sorprendido ocupando un espacio recuperado, se enfrentará a multas de hasta $100 mil y la consecuente pérdida de la mercancía o elementos. Tampoco se permitirá que los inspectores de Policía exoneren de las multas a los invasores, como en muchos casos está pasando ahora”, puntualiza Doria.
Cifras
Según el informe de Evaluación de Calidad de Vida en Cartagena 2011, presentado por el proyecto Cartagena Cómo Vamos en julio de 2012 indica que entre 2005 y 2011, se reportó en Cartagena la recuperación de 169.412 metros cuadrados (m2 ) de espacio público.
De los 164.378 m2 de espacio público renovados entre 2005 y 2011, 90.793 m2 se hicieron entre 2008 y 2011 en lugares como Puerto Duro, Plazoleta Telecom, Cines Capitol, Parque Lineal Avenida del Lago, entre otros.
Cartagena cuenta con 6,32 m2 de espacio público por habitante, lo cual incluye zonas verdes, parque y plazoletas.
Este resultado se ajusta a la meta trazada en Colombia a 2015 que es de 5 m2 por habitante.
Compromiso de todos
El general Carlos Rodríguez González, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, asegura que el compromiso del cuidado del espacio público de la ciudad no atañe exclusivamente a la Fuerza Pública ni a la Alcaldía, sino que implica la generación de una conciencia ciudadana.
El oficial afirma que se requiere mayor colaboración de los ciudadanos en la denuncia efectiva de casos de ocupación o utilización indebida de áreas comunes, ya sea por parte de vendedores informales o de propietarios de negocios formales.
Rodríguez considera que los comerciantes callejeros no son los únicos que dan al uso a las zonas peatonales, dado que muchas personas suelen usarlas como ‘baños públicos’ o sitios de arrojo de basura.
El Comandante de la Policía de esta capital asevera que los operativos de retiro de vendedores informales se hacen en conjunto con la Gerencia de Espacio Público, y que en muchos casos debe verificarse la condición de los comerciantes, para que no se viole el debido proceso al que todos los ciudadanos tienen derecho.
