El Universal recibió la visita de los representantes de la firma Espacios Urbanos S.A., compradora y promotores del llamado “lote 154” en Manga, que es el mismo de la antigua Planta Eléctrica, objeto de discusiones y acciones legales.
Su venta por parte del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las zonas no Interconectadas (IPSE) a Espacios Urbanos S.A. motivó una acción popular interpuesta por el abogado Eduardo del Río a nombre de la comunidad, en la que argumentaba la invalidez de la operación porque el lote carecía de escrituras, tal como lo publicamos aquí el 27 de febrero de este año.
Los propietarios del lote refutan esa versión y defienden la solidez de los títulos y de la compra del Lote 154.
Los representantes de Espacios Urbanos dicen así:
“Hace ya más de setenta años Cartagena tenía una deuda cuantiosa que le había sido imposible honrar con la Cartagena Waterworks Limited, de Londres, que suministraba los servicios públicos. Para solucionar este grave impase financiero se suscribió un contrato entre la Nación y el Municipio, que consta en la escritura pública N° 2122 del 23 de noviembre de 1936, en donde Cartagena se obligó a entregar a la Nación todas las propiedades, edificios, plantas y equipos de las Empresas Públicas Municipales del Acueducto y Energía, a cambio de que el Gobierno asumiera el pago de la deuda. Este contrato fue aprobado por el Concejo Municipal de Cartagena mediante el Acuerdo N° 30 del 5 de octubre de 1936 y por el poder ejecutivo, previo concepto del Consejo de Ministros de fecha del 31 de octubre del mismo año.
“El 20 de agosto de 1945 se firmó un contrato consignado en la escritura N° 2891, mediante el cual la Nación se encargaba de una serie de obras públicas de envergadura tales como el arreglo definitivo del Canal del Dique, la carretera de Cartagena a Montería, el alcantarillado de Cartagena, la construcción de las letrinas faltantes de la ciudad, locales para escuelas, rectificación y pavimentación de avenidas principales, el matadero moderno, el cementerio, etc., y a cambio se reiteraba que el Municipio entregaría todas las propiedades, edificios y equipos de las antiguas Empresas Municipales de Servicios Públicos. Este contrato fue revisado previamente por el Consejo de Estado, quien el 31 de julio de 1945 declaró que el convenio era totalmente benéfico y ajustado a la ley.
“Para garantizar la financiación de estas obras que le cambiaron la cara a Cartagena y permitieron dotarla de servicios modernos, el 6 de agosto de 1946, mediante escritura pública 4536, el Gobierno Nacional y el Banco de la República suscribieron convenio para la emisión de los bonos de Cartagena, deuda pública que por supuesto amparó la Nación.
“El 4 de abril de 1961, el Concejo Municipal expidió el Acuerdo N° 12, en donde al reorganizar las Empresas Públicas de Cartagena, indicó que su patrimonio lo constituían los mismos bienes de propiedad de la ciudad y que daban cuenta los convenios con la Nación, autorizando al Personero a inscribir en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos los inmuebles del municipio, decisión del cabildo cartagenero que permitió que el 21 de octubre del mismo año 1961 se firmara la escritura 3143 entre la Nación, el Municipio y el Banco de la República, aprobado por el Presidente de la República y previo concepto favorable del Consejo de Ministros y el Consejo de Estado, entregando la Nación al Municipio de Cartagena la administración de los bienes que en 1936 se indicaban como de propiedad de Cartagena por la compra que se había hecho a la Cartagena Waterworks Limited de Londres.
“Con dicha escritura 1889 firmada por el Personero y previas las autorizaciones del Presidente de la República, el Cabildo de Cartagena, El Consejo de Ministros, el Consejo de Estado, y por supuesto del Alcalde de la ciudad, se abrió el folio de matrícula inmobiliaria N° 060-73440 del “Lote de terreno y bodegas Barrio Manga Cra. 16 N° 24-94.
“Siendo claro que la ciudad de Cartagena había entregado la propiedad del Lote de Manga a las Empresas Públicas Municipales de Cartagena, posteriormente y por medio de la escritura pública 1.158 del veinticuatro (24) de diciembre de 1.969, otorgada en la Notaría Tercera (3ª) del Círculo Notarial de Bogotá, ellas transfieren a título de venta el inmueble objeto al Instituto Colombiano de Energía Eléctrica –(ICEL), cuyos activos inmobiliarios a su vez posteriormente se transfieren a otra entidad estatal, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las zonas no Interconectadas (IPSE), entidad que el trece (13) de diciembre de 2.007 suscribió contrato de promesa de compraventa sobre el inmueble con la sociedad Espacios Urbanos S.A., previa adjudicación en subasta pública o martillo realizada por el Banco Popular S.A.
“Por medio de la escritura pública N° 0532, de diecinueve (19) de febrero de 2.009, otorgada en la Notaría Notaría Veinte (20) del Círculo Notarial de Bogotá, el (IPSE) transfiere a título de venta el inmueble referenciado al Fideicomiso lote Manga, de quien es vocera la Fiduciaria Helm Trust S.A.
“Después de haber superado discusiones de toda índole, se está llegando a unos acuerdos entre los nuevos propietarios, compradores de buena fe que creyeron en la palabra del Estado que les vendió en subasta pública, y algunos vecinos, por lo que se espera que en muy corto plazo se solucionen ciertas diferencias con éstos, lo que permitirá que el Estado, a través del IPSE, aplique el dinero de la venta para la interconexión Vigía del Fuerte (Bojayá), que dotará de energía a la población que fue víctima de la masacre perpetrada por las Farc en mayo de 2002, y que los empresarios puedan adelantar su proyecto, lo que se logrará mediante la buena voluntad de todos los involucrados en esta controversia”.
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