Esperan desalojo de empresa que ocupa predios en Arroyo Grande

La Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena decretó la nulidad del trámite del recurso de reposición y apelación interpuesto contra una resolución que ordenó el desalojo de un extenso predio en el corregimiento de Arroyo Grande. La orden de desalojo fue proferida por la Fiscalía Sexta Local de Cartagena y fue apelada por una firma privada, que ocupa el inmueble y que pretende diseñar proyectos turísticos, recreacional y residencial en ese globo de terreno. Ese terreno de más de 500 hectáreas viene siendo motivo de disputa desde hace muchos años entre nativos de esa población, una firma privada y en que, inclusive participó en un momento el Distrito de Cartagena. Mediante auto de fecha 12 de mayo, la Fiscalía Sexta confirmó en todas sus partes la resolución emitida el 26 de marzo por medio del cual ordena la restitución del predio conocido como Bendición de San Luis a favor de los nativos reclamantes, todos pertenecientes a la familia Mendoza Romero. Según la denuncia interpuesta por la familia nativa, la titulación legal, real y material les pertenece desde el año 1.947 y que las mismas le fueron usurpadas por per-sonas pudientes, valiéndose del apoyo de funcionarios gubernamentales, exponiendo documentos presuntamente falsos. Señalan que este problema comenzó cuando un miembro de la familia, cuál no era heredero de las tierras, valiéndose de falsedades vendió algunas hectáreas del predio en disputa. Gran parte del terreno fue vendido a una empresa privada, la cual, según se expuso en la denuncia, nunca pagó y ante la falsedad de la venta, se pro-movió un proceso ante el juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena que anuló la escritura pública re-sultado de la negociación fraudulenta y condenó a 38 meses de prisión al miembro de la familia Mercado, quien vendió lo que no era de su propiedad. Así como estas fueron muchas las ventas y compras fraudulentas que se dieron a porciones del terreno. La Fiscalía Sexta había ordenado suspender las labores de desalojos previstas hasta tanto se resolviera el recurso de apelación inter-puesto por la empresa privada, que argumenta ser propietaria del bien. Ante la nueva decisión, los propietarios del terreno esperan que se determine nuevamente la fecha y hora de la diligencia de desalojo.