Ex gobernador Berrio insiste en que no se pueden pagar contratos

El anuncio de una nueva demanda contra la Gobernación de Bolívar por el tan mencionado tema de los “mercaditos millonarios”, originó ayer nuevos pronunciamientos referente a la situación por parte del ex gobernador del departamento, Joaco Berrio Villareal y del mandatario seccional encargado, Jorge Mendoza Diago. La demanda por parte de una de las firmas contratistas, Fundación Trabajar por Colombia, pretende el pago de aproximadamente $250 millones por el tiempo en que han estado los alimentos en una bodega en el Bosque, cuyo valor aumenta con el paso de los días. Ante esta situación, el ex gobernador Berrío señaló que la Gobernación de Bolívar no ha firmado ningún contrato para guardar mercados y medicinas, cuyo costo era de $4 mil millones, toda vez que éstos productos tampoco han sido recibidos por el ente territorial, alegando a su vez que sería responsabilidad de la actual administración si procede con el pago de dicha reclamación. El abogado de la firma contratista, Antonio Caballero Vélez, alega que se vieron obligados a contratar la bodega por orden de la Gobernación, pero que les ha tocado a ella responder por los pagos del arrendamiento, razón por la que cobrarán lo pagado al ente territorial através de una demanda. En torno a este tema tan debatido, el gobernador (e), Jorge Mendoza, señaló que a él no le ha tocado tomar decisión alguna, pues encontró los procesos demasiado avanzados. Hasta el momento, el Tribunal Administrativo de Bolívar ha ordenado el embargo de más de $1.600 millones a la Gobernación a favor de la firma contratista Gestocoop. Así mismo, el Tribunal ordenó pagar de los recursos embargados a la Gobernación, 150 millones 463 mil pesos por concepto de costas judiciales (gastos de abogados u otros). A esto se le suma que existen dos demandas más de la Fundación Trabajar por Colombia, que exige el pago de $1.119 millones 581 mil, más los intereses generados hasta la fecha. No ha sido notificado El Gobernador (e) dijo que aún no ha sido notificado de una nueva demanda, pero que la Gobernación está dispuesta a defenderse como ha venido haciéndolo en los demás procesos, al igual que espera que el Tribunal Administrativo de Bolívar tome una determinación final en cuanto a los procesos ejecutivos instaurados por los contratistas y por las demandas de nulidad que interpuso el ente territorial para anular los contratos suscritos para la adquisición de los mercados y medicinas. Mientras, el ex gobernador Berrio mantiene su criterio en cuanto a que los contratos suscritos no deben ser pagados, por cuanto están plagados de irregularidades y que mal ha hecho el Tribunal en embargar recursos a la Gobernación, dado que considera que para tal situación deben existir actas de liquidación de los contratos, las cuales no existen. El gobernador (e) Mendoza Diago prefiere esperar el final, pues argumenta sería más costoso para la Gobernación tratar de echar todo el proceso para atrás. Mantengo mi posición El ex gobernador Berrio dice que tomó la decisión de no pagar los contratos, cuyo costo era aproximadamente de $4 mil millones, para defender al Departamento de una actuaciones irregulares y que se muere sosteniendo tal argumento. Cree que la administración actual sostiene su mismo criterio, pues de lo contrario hubiese pagado los contratos. Mendoza Diago señaló que “Independientemente que estuviera de acuerdo con un u otra postura, ya no queda más que esperar una decisión final, pero nos defenderemos y estamos defendiéndonos que incluso esperamos un pronunciamiento del Consejo de Estado con el que esperamos detener los embargos que nos ha hecho el Tribunal”. Se mantiene Sobre este tema, asesor judicial del ex gobernador, Libardo Simancas, quien firmó los contratos al finalizar su gobierno, indicó que los actos administrativos para la adquisición de los mercados y medicinas son legales y que son los estamentos judiciales los que deben verificar la legalidad de los mismos y pronunciarse al respecto. Señaló que el ex gobernador quiere mantenerse al margen de esa discusión, ni generar polémica con nadie, dejando que sean las autoridades judiciales las que se pronuncien al respecto, consciente que son ellas las que verificarán la legalidad de las contrataciones efectuadas.