La posibilidad de recibir indemnizaciones a cambio de retirarse de la vía pública que ocupan hace más de 20 años, está cada vez más lejos para los 72 conductores de colectivos que tienen una estación no autorizada de transporte a la bajada de la llamada Loma de Bazurto. (Lea: "Colectivos ilegales siguen sin retirarse de Bazurto").
Así lo corrobora el Juzgado Noveno Civil Municipal de Cartagena, que falló en primera instancia en contra de estos choferes una tutela en la que solicitaron su inclusión en el Registro Único de Vendedores (RUV), a fin de acceder a los programas de formalización que ofrece el Distrito a los comerciantes callejeros de esta capital.
La decisión de judicial, que fue emitida el 17 de julio de 2012, aclara que “... mal haría el juzgado en proteger una actividad que no se encuentra amparada por el principio jurisprudencial del Confianza Legítima tal y como lo establece el Acuerdo No. 040 del 2006, toda vez que los accionantes no ostentan la calidad de vendedores estacionarios ocupantes de espacio público”. (Lea: "Conductores de colectivos dicen que no se dejarán sacar de Bazurto").
La sentencia judicial dice que aunque la apoderada de los choferes señala que estos son vendedores de un servicio de transporte “precisa esta Judicatura que no puede ser atribuible la calidad de vendedor ambulante y por ende, con amparo en los términos del Acuerdo 040 del 2006, a aquel que ofrece y vende un servicio que no tiene respaldo legal, como es el caso que se plantea en la tutela...”.
Pueden impugnar
Esta decisión judicial es de primera instancia, por lo que puede ser impugnada para que el juez superior la revise y se pronuncie sobre la validez o no de la misma.
Cabe anotar que los conductores de colectivos han manifestado en varias ocasiones que no están dispuestos a abandonar su sitio de trabajo, hasta tanto el Distrito les garantice la entrega de compensaciones o una reubicación que les permita seguir laborando y obteniendo los ingresos para sostener a sus familias.
Los choferes aducen además que su salida del sector que ocupan, afectaría a los miles de usuarios que transportan diariamente hacia barrios como San Francisco, La María, Daniel Lemaitre, Torices, y otros donde la prestación del servicio de transporte público formal es deficiente.
Fallo relevante
El gerente de Espacio Público de Cartagena, Adelfo Doria Franco, asegura “la importancia de este fallo no es que haya sido a favor del Distrito, sino que sirve como precedente para evitar que se siga usando la tutela por parte de personas que quieren sacar provecho de los programas de formalización que ofrece la Alcaldía, y cuya filosofía es no dejar en el aire a aquellos vendedores que por años han ejercido una actividad informal en espacio público, más no ilegal”.
La Alcaldía de Cartagena, por su parte, aclaró ante el Juzgado Noveno Civil Municipal que “... la actividad desplegada por los accionantes no se puede confundir con la de vendedores estacionarios ocupantes del espacio público, toda vez que el mismo Código de Tránsito establece la prestación del servicio de transporte público en vehículos de uso particular como prohibida, y el solo transcurrir del tiempo no la hace legal...”.
En el mismo sentido se pronuncia Transcaribe, que indica que se opone a las pretensiones de los conductores de colectivos, “ya que es de conocimiento de los actores que la actividad que ejercen es informal e ilegal”.
