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Familias exigen compra de sus viviendas por orden judicial

Tal parece que luego de 9 años, continúa el debate jurídico respecto del cumplimiento de una sentencia que obliga a Aguas de Cartagena, a la Aeronáutica Civil y a la Administración Distrital, a adquirir varias viviendas en los sectores Loma de Vidrio y 7 de Agosto.

El fallo judicial dispone esto debido al desmejoramiento vertiginoso de la zona, por la contaminación ambiental y auditiva que se genera por la insalubridad proveniente de las fallas del sistema de alcantarillado y la constante operación de aviones, pues el sector está aledaño a la pista del Aeropuerto Rafael Núñez.
Ahora el Tribunal abrió un proceso de desacato contra las entidades demandadas, específicamente contra Aguas de Cartagena y la Aeronáutica Civil, dadas las quejas de 10 familias que alegan el incumplimiento de un fallo judicial del 2001.
Dicen que no las han reubicado a otros sitios ni les han comprado sus viviendas, tal como lo contempla la sentencia, y mientras tanto siguen sufriendo los rigores del ruido de las aeronaves.
Las entidades en desacato fueron conminadas a explicar el por qué no han cumplido el fallo, y para eso tienen plazo de 24 horas, a partir de que sean notificadas de dicho trámite por parte del despacho judicial.

Proceso dilatado
La orden de amparar a 10 familias en el proceso de com-pra de sus casas o su reubicación, fue impartida en el 2008, luego de casi 7 años de un proceso judicial que favoreció a otras 50 familias perjudicadas por problemas de insalubridad ante el funcionamiento de subestaciones del sistema de alcantarillado y la contaminación sonora en el sector, dada su cercanía a la pista del Aeropuerto Rafael Nuñez.
Esta orden fue el resultado de una acción popular interpuesta por el entonces personero Distrital, hoy congresista, Pedrito Pereira, quien consideró que se les vulneraban a esas familias los derechos colectivos al medio ambiente, salud, entre otros.

Lo que dice Acuacar
Mediante comunicado de prensa, Aguas de Cartagena dice que las obras civiles que le correspondían fueron realizadas, terminando así con los vertimientos de aguas residuales hacia el Caño Juan Angola.
Dice la compañía que esto fue informado al Tribunal el 19 de enero de 2010, luego de que los accionantes interpusieran el incidente de desacato al fallo de una acción popular que ordenaba resolver el problema de insalubridad en al zona.
En lo que a la adquisición de viviendas respecta, Acuacar asegura –y así está probado en el expediente–, que de la franja de 50 metros afectada por la contaminación ambiental y sonora, a esa compañía sólo le corresponde adquirir el 25% del total de las viviendas censadas.
Agrega que se estimó que eso equivalía a 78 inmuebles, las cuales ya adquirió en su totalidad, y como prueba de eso adjuntó las respectivas copias de las escrituras de 60 casas, mientras los títulos de las restantes 18 están en proceso de protocolización en la Notaría Quinta de Cartagena, cumpliendo así la orden judicial impartida.

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