Familias son responsables de adolescentes que violen la ley

88.603 son los casos de adolescentes que han estado involucrados en algún delito desde el 2007, es decir unos 17.720 por año, dice el Instituto de Bienestar Familiar.
Los adolescentes que cometen actos delictivos son llevados a actuar contra la ley principalmente por sus familias, quienes, como primera institución están a cargo de estos. Así lo indica el informe de la Fundación Agencia de Comunicaciones Periodismo aliado de la niñez, el Desarrollo social y la Investigación (Pandi).
Según la entidad, no sólo la familia deja a un lado las obligaciones que tiene con sus hijos, sino también la sociedad, que no hace nada al respecto, por lo que el Estado debe entrar a corregir y a ayudar a los menores y sus familias.
Para la Procuraduría General de la Nación, el hecho de que los adolescentes caigan en conflicto con la ley tiene que ver en un 100% por maltrato infantil y un 89% por carencias afectivas, lo que confirma que las familias están descuidando a sus hijos adolescentes,  quienes en consecuencia se ven obligados a hacer parte de delitos.
“No podemos exigir a los niños, niñas y adolescentes lo que como familia, sociedad y Estado les hemos negado”, dijo Ximena Norato, directora de Pandi.
El informe de la fundación menciona que, según datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se han registrado 88.603 casos de adolescentes involucrados en algún delito desde el 2007, es decir unos 17.720 casos por año, 38% correspondientes a hurto, 28% a microtráfico, 7% a porte de armas y 2% a homicidio, entre otros.
Por otro lado según los porcentajes de la Policía Nacional, hubo 28.877 adolescentes capturados entre el 30 de septiembre de 2011 y el 30 de septiembre de 2012, que corresponden al 11% de las 261.147 capturas hechas por la institución ese mismo año.
Sin embargo, aún no hay un modelo de sanciones para los padres, mucho menos un seguimiento y verificación del cumplimiento de estas, lo cual contradice el principio de corresponsabilidad identificado en el Código de la Infancia y la Adolescencia.
“Los padres o cuidadores de los niños y niñas menores, no están siendo judicializados por la comisión de delitos graves, de acuerdo con el Artículo 142 de la Ley 1098 de 2006”, según el último informe de la Comisión de Evaluación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).
Teniendo en cuenta los datos de la vulneración a los derechos de niños y adolescentes, entre los que se encuentran sus familias como incitadoras a la violencia, algunos sectores políticos piden endurecer las penas para los menores de edad que sigan en la delincuencia, pero “ya está demostrado que la medida no disminuye la criminalidad, sería contraria a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos suscritos por el Estado colombiano y además perjudicaría notablemente los derechos de la niñez, quitándole el sentido al Código de la Infancia y la Adolescencia”, explica Mario Suescún,  abogado, especialista en Derechos de la Niñez, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
La misma  Policía, en su revista criminalística, expone cómo esta medida ha sido tomada en otros países con un desastroso resultado: no bajan los delitos y sí aumenta la reincidencia.
Para Manuel López, consultor en temas de niñez y adolescencia, las familias y las instituciones educativas no cumplen un buen papel en la prevención y atención. “Las familias no están preparadas para cumplir ese papel, la capacidad de escuchar y dialogar con los adolescentes es mínima y el acompañamiento de los padres es muy escaso”.
La fundación Pandi además resalta la falta de recursos económicos y una adecuada directriz y articulación entre alcaldes, gobernadores y organismos encargados para un sistema que prevenga los delitos de menores de edad.