Fiscal se salva de demanda millonaria

Por la actuación, presunta errada, de dos fiscales de Cartagena, la Fiscalía General de la Nación afronta una demanda por más de $800 millones ante el Tribunal Administrativo de Bolívar. Uno de los fiscales podría ser condenado a pagar solidariamente junto con el organismo investigador, tal pretensión millonaria. La demanda millonaria contra la Fiscalía fue interpuesta porque fiscales especializados mantuvieron detenida a una persona, supuestamente de manera ilegal, desde el 22 de agosto de 2003 hasta el 13 de octubre de 2005, en la Cárcel de Ternera de Cartagena. No se le comprobó nada y al final le fue concedida la libertad, y al parecer todo obedeció a una equivocación. Pese a la solicitud de la Fiscalía de que se mantuviera a dos fiscales como garantía, para que respondieran por todo o en parte por los perjuicios ocasionados a los demandantes, como quiera que fueron ellos quienes adelantaron la investigación penal y profirieron medida de aseguramiento contra la persona, el Consejo de Estado negó tal posibilidad para uno de los funcionarios, es decir, le niega la posibilidad a la Fiscalía de que estén ambos. El otro procesado deberá defenderse ante el Tribunal. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Bolívar había atendido favorablemente la solicitud de la Fiscalía y los dos fiscales debían afrontar la demanda, y en caso de ser fallada contra el organismo investigador, los investigadores podrían ser condenados a pagar solidariamente la millonaria suma; sin embargo, uno de los fiscales apeló la medida ante el Consejo de Estado. EL HECHO Uno de los fiscales que presuntamente se equivocó durante el transcurso del proceso penal estaría “eximido” de pagar con su pecunio la supuesta equivocación, ya que la Fiscalía General de la Nación no demostró ante el Consejo de Estado que éste actuó con dolo o culpa grave. El otro fiscal quedó inmerso en el proceso, porque no pudo apelar a tiempo la decisión inicial del Tribunal, de llamarlos en garantía. Lo hizo extemporáneamente y por eso su caso no fue analizado por el Consejo de Estado y deberá defenderse dentro de la demanda que cursa ante el Tribunal.