La audiencia se inició desde las 8:30 de la mañana y dos horas más tarde finalizó. Al culminar se logró conocer que en un plazo de 30 días, la Fiscalía 16 Seccional de Cartagena deberá determinar si acusa ó no a la alcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo Flórez y a los otros procesados por los delitos de peculado y celebración indebida de contratos.
El proceso
Este proceso penal se inició, luego que la alcaldesa de Cartagena fuera denunciada por el entonces concejal William García Tirado, hoy representante a la Cámara, por haber vendido una franja de terreno en El Laguito, considerado como playa, al hotel Dann, a pesar que éste no podía ser objeto de enajenación, embargo, ni compraventa de ninguna naturaleza.
La investigación está relacionada con lo ocurrido el 23 de febrero de 2009, cuando la alcaldesa Pinedo le firmó una escritura pública de venta al gerente del hotel Dann, Luis Édgar Restrepo, de un terreno supuestamente baldío, cuya condición de bien público fue establecida por un informe pericial anterior.
Igualmente, la Fiscalía señaló la existencia de presuntas irregularidades en la venta del lote, como la no convocatoria de licitación pública y que el avalúo no fue hecho por peritos adscritos a la lonja o al Instituto Geográfico Agustín Codazzi´, según exigencia del Acuerdo 030 del Concejo Distrital.
Precisamente, ayer en la audiencia ante la juez Segunda de Garantías de Cartagena, Ibett de la Ossa, la Fiscalía mantuvo su posición referente a la imputación de cargos contra la alcaldesa, a, la ex secretaria de Hacienda Vivian Eljaiek; el representante del hotel Dann, Luis Édgar Restrepo; el asesor externo de la Alcaldía Giovanni Torreglosa, y el avaluador de bienes inmuebles Rafael Enrique Ceballos.
Le imputó cargos a Pinedo Flórez y a Vivian Eljayek Juan, ex secretaria de Hacienda, por la presunta coautoría del delito de peculado en concurso con el de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
En esa diligencia también le fueron imputados cargos por los mismos delitos, en calidad intervinientes, a Luis Edgar Restrepo, gerente del Hotel Dann, al abogado Darío Giovanni Torregrosa, y al particular Rafael Ceballos Calvo como cómplice.
Toda vez que los imputados no tienen antecedentes penales y que asistieron voluntariamente a la audiencia de imputación, la Fiscalía no solicitó al juez de control de garantías la imposición de medida restrictiva de la libertad, según explicó el fiscal 16 Seccional, Álvaro Hernández Pianeta.
A juicio del Fiscal, para la Fiscalía no hay evidencia de antecedentes penales de los procesados, no hay indicios que se vayan a ir de la ciudad o del país. En la próxima audiencia, y si se obtienen más evidencias contra los imputados, podría considerarse en solicitarle al juez la imposición de medidas de aseguramiento.
Que se haga el debate
La Mandataria salió de la audiencia segura que el terreno que se vendió era del Distrito y una zona baldía, pues hasta ayer, según comentó, no había obtenido certificación de la Dirección Marítima y Portuaria, Dimar, que le indicara que el terreno de la controversia fuese playa.
A su juicio, este proceso va a ser muy interesante, pues puso sobre el tapete el debate sobre los bienes de uso público, sobre quién o quienes determinan tal situación y sobre quienes tienen competencia para definir sobre eso.
Se mostró asombrada, pues conoció en la misma audiencia sobre un proceso que no le era muy claro y es un debate por la ocupación indebida de una zona de playa que ha generado muchas tutelas contra el Distrito debido a una orden de restitución que existe en su contra y que ante las diversas acciones judiciales se mantiene suspendida.
“... sobre este tema hay bastante que cortar, es un momento para su discusión”, dijo Pinedo Flórez.
¿Contradictores políticos?
La mandataria calificó todo este proceso como una acción más de sus contradictores que la vienen atacando mucho antes de que se posesionara como alcaldesa.
“El vía crucis lo afrontan los que han querido meter sus manos en los recursos públicos y no han podido...”.
Solicitarán medida de aseguramiento
Pero ante la falta de solicitud de medida de aseguramiento, el abogado Raúl Bustamante de la Vega, quien defiende a un ocupante de la franja de terreno que se vendió, señaló que solicitará al ente investigador se sirva pedir tal acción contra los procesados ante el evidente ilícito que se cometió.
“En esta audiencia el Fiscal debió pedir la medida, pero no lo hizo. Esperamos que en la próxima lo haga”, dijo.
Señala que antes de vender el terreno, su defendido, Juan Diego Useche, tenía una concesión sobre una parte del terreno y al venderse el mismo se le afectaron todos sus derechos y ahora quieren despojarlo del todo de la franja utilizada, através de proceso policivos.
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