El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena revocó la sanción de tres días de arresto impuesta en primera instancia por el Juzgado Primero Civil Municipal el 16 de diciembre de 2010 al gerente de Espacio Público, Adelfo Doria Franco, por un supuesto desacato a una acción de tutela.
El funcionario distrital también fue eximido del pago de una multa de cinco salarios mínimos mensuales (2 millones 678 mil pesos) a la que lo obligaba el fallo inicial.
En el fallo del febrero 7 de 2011, el juez de segunda instancia considera que la Administración Distrital “había desplegado la actividad necesaria para dar total cumplimiento a la orden judicial que disponía la tutela” pero fue el interesado quien impidió a la administración terminar la tarea asignada por el juez.
Adelfo Doria, gerente de Espacio Público de Cartagena, expresa su satisfacción por esta decisión y recalca que: “Nuestra misión de proteger la inte-gridad del espacio público de todos los cartageneros se ha fortalecido con este pronunciamiento judicial que nos permite mejorar nuestros procedi-mientos para investigar y castigar a quienes pretenden explotar lo que nos pertenece a todos, sean formales o informales”.
ANTECEDENTES
La tutela que involucra a Doria fue presentada en 2010 por Rolando Pérez, conocido como Lucho Colombia, luego de un operativo en el que se retuvieron sillas y mesas de un negocio de su propiedad que ocupaban sin permiso una parte de la Plaza Santo Domingo
En ese momento el Juzgado tuteló el derecho al debido proceso del Pérez, al considerar que la Administración no siguió los procedimientos adecua-dos para sancionar al establecimiento de comercio.
Al respecto Adelfo Doria aclara que “de ninguna manera la tutela protegió el derecho del señor Pérez a explotar indefinidamente el espacio público, sino a que se agotara el proceso adecuado por parte de la Administración Distrital con el fin de sancionar la indebida explotación comercial que él ha pretendido realizar sin ningún tipo de licencia o permiso”.
El Gerente de Espacio Público enfatiza en la necesidad de que la ciudadanía exija mayor respeto por el espacio público, para que las autoridades puedan conservarlo libre de cualquier ocupación irregular.
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