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Gobernación debe adecuar su sede para discapacitados

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Nunca antes se habían proferido tantas sentencias judiciales a favor de discapacitados, tanto físicos como sensoriales, como las que se han visto durante este año. Ni siquiera los monumentos nacionales se salvan de ser adecuados para facilitar el acceso de las personas con discapacidad.

En esta ocasión, el Juzgado Segundo Administrativo de Cartagena le concedió un año a la Gobernación de Bolívar para que realice los estudios técnicos necesarios y obtenga las autorizaciones que requiera de parte de las autoridades competentes para establecer la mejor solución de las barreras arquitectónicas que impiden el acceso de personas con discapacidad al Palacio de la Proclamación, sede del ente departamental.
Las obras que se definan deberán permitir el acceso a los discapacitados a todas las dependencias de la Gobernación de Bolívar.
Esta orden de desprende de una acción popular interpuesta por el abogado Tomas Chapuel Tello, quien alegó la violación a los derechos colectivos al goce y utilización del espacio y los bienes de uso público, entre otros, ya que las personas discapacitadas afrontaban muchos inconvenientes para acceder libremente a varias oficinas del ente departamental y a otras ni siquiera podían ingresar.
En su defensa, la Gobernación alegó que precisamente para atender a este tipo de personas funciona una oficina especial en el primer piso del Palacio de la Proclamación y que esta edificación no podía ser intervenida, ni su diseño cambiado, dado que es considerado como un monumento nacional, lo cual significa que debe conservarse su diseño original.
Así mismo le argumentó al juzgado, que se tramita un proyecto que contempla la construcción de dos ascensores para los discapacitados, así como la construcción de rampas en el primer piso de la sede del ente gubernamental.
Sin embargo, el Juzgado observó durante una inspección judicial que hay muchos despachos de la Gobernación que tienen barreras que le impiden el acceso a los discapacitados, las cuales son necesarias removerlas para evitar se sigan violando los derechos de las personas con discapacidad.
Será el Tribunal Administrativo de Bolívar el que defina si mantiene o no una orden judicial dada a la Universidad de Cartagena de instalar ascensores y colocar rampas en sus tres sedes principales en esta ciudad para el fácil acceso de personas discapacitadas.

Otros casos
Un caso similar al de la Gobernación está por resolverse en el Tribunal Administrativo de Bolívar. En este la orden inicial está dirigida a la Universidad de Cartagena.
En una primera instancia, el Juzgado Séptimo Administrativo concedió al ente universitario un plazo hasta de 4 meses para la consecución de los recursos para las rampas y para su construcción un tiempo de 6 meses.
Para instalar los ascensores le concedieron el plazo de un año, a partir de la notificación de la sentencia. Ello deberá realizarlo en todas sus sedes.
Ante esta situación, la institución, a través de su división jurídica, señaló que independientemente de lo que decida el Tribunal las obras como rampas y ascensores se van a realizar, ya que es parte de un proyecto, al cual se le buscan los recursos para su ejecución, razón por la que no se necesitaba de una orden judicial.
Otro caso tiene que ver con el decidido en mayo de este año por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Cartagena, que ordenó a Cafesalud S.A, que en el plazo de un año modifique el acceso a sus instalaciones en Cartagena, de tal forma que las personas discapacitadas no tengan dificultad para ingresar a las mismas.
Otro caso relevante en Cartagena fue el traslado de la sede de la Defensoría del Pueblo, seccional Bolívar, lo cual obedeció a una acción de tutela instaurada por un discapacitado.
Esa acción fue fallada por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena, que ordenó a la Defensoría que acondicionara sus instalaciones, en Cartagena, para favorecer el ingreso de la población discapacitada a esa sede.

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