Gobernación y Cámara, en disputa por embargos

La Estampilla Procultura mantiene prácticamente enfrentadas a la Gobernación de Bolívar y la Cámara de Comercio de Cartagena, de tal manera que acciones judiciales han aparecido en el escenario, lo que echa más leña al fuego. Ambas entidades están pendientes del resultado de una acción de tutela que debe resolver en segunda instancia el Tribunal Administrativo de Bolívar, ya sea manteniendo o revocando un fallo inicial que negó reversar unos embargos millonarios solicitados por la Gobernación contra la Cámara de Comercio de Cartagena. La tutela fue interpuesta por el ente mercantil contra la Gobernación de Bolívar, ante el malestar lógico que le genera tal situación, pero fue declarada improcedente en primera instancia por el Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena. Esa acción pretende dejar sin efectos el cobro coactivo que realiza el ente territorial, para materializar el pago del tributo Estampilla Pro Cultura. Según la Gobernación de Bolívar, el cobro coactivo contra la Cámara de Comercio ha derivado en el embargo de cuentas por más de $1.700 millones, más los intereses correspondientes. Los argumentos del juez para rechazar la tutela es que dicha acción judicial no puede ser utilizada como mecanismo transitorio o alterno, cuando se puede acudir a otros medios de defensa. Alega que en este caso la Cámara de Comercio puede defenderse en el proceso de embargo que lleva la Gobernación. Agrega el Juzgado que la Cámara de Comercio no demostró perjuicio irremediable que haga viable, de su parte, el uso de la tutela. Algo de historia Con fundamento en las leyes 397 de 1997 y 666 de 2002, la Asamblea Departamental de Bolívar expidió las ordenanzas 17 y 29 de 2002, y la 16 de 2004, regulando el cobro de la Estampilla Pro Cultura, “cuyo producido será destinado al fomento y estímulo de la cultura en el Departamento de Bolívar”. Como consecuencia de lo anterior, el 31 de agosto de 2005 la Administración Departamental y la Cámara de Comercio de Cartagena celebraron un convenio para recaudo y cobro de tal impuesto. Según la ordenanza, se debe pagar esta contribución por “todo acto o negocio jurídico que implique representación económica, cuyos efectos se produzcan en este Departamen-to, que sean sujetos de protocolización y posterior inscripción ante el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena, con excepción de las escrituras públicas de constitución de sociedades y las de aumento de capital autorizado en las sociedades anónimas”. Sin embargo, a pesar del compromiso adquirido y después de varias reuniones y actuaciones administrativas, la Cámara de Comercio de Cartagena “no recaudó ni declaró correcta-mente el tributo Estampilla Pro Cultura conforme a la Ordenanza 12 de 2006”, entre octubre de 2006 y marzo de 2007. Por esto la Secretaría de Hacienda de Bolívar, luego de agotados los procedimientos de rigor comenzó un proceso de cobro coactivo de las sumas no declaradas ni pagadas. La Cámara responde Mediante comunicado de prensa, la Cámara de Comercio informó que por deficiencias de comunicación fueron registrados por esa entidad algunos actos o negocios jurídicos sin que se pagara de manera plena el nuevo tributo. Estos hechos fueron en el periodo comprendido entre el 16 de octubre de 2006 y el 15 de marzo de 2007. Señala que a pesar de los requerimientos de la Cámara de Comercio, las autoridades del Departamento de Bolívar no han hecho la gestión de cobro a los negocios correspondientes, y en lugar de eso han pretendido que tales pagos los realice la Cámara, como si fuese la deudora tributaria. Señala que dichos cobros a la Cámara los han hecho efectivos a través de embargos, lo cual califica como una situación vulneradora del debido proceso y agrega que hay desviación de poder. Ante esta situación, la Cámara de Comercio solicitó la liquidación del convenio que firmó con el Departamento para el recaudo de la Estampilla Procultura, sin embargo, dice que el Departamento hasta hoy ha desatendido el cumplimiento de esa obligación legal. También alega que frente a tal situación se llegó a un acuerdo mutuo el 29 de Julio de 2009 ante la Procuraduría, en el que la Administración Departamental reconoce que la Cámara de Comercio no era deudora tributaria como sujeto pasivo, y que emplearía las acciones contractuales que establece la ley, pero tal hecho lo ha desconocido y continúan los embargos. La Cámara de Comercio dice que aún en estas circunstancias reitera su voluntad de acogerse a la ley en todas sus actuaciones, y de emplear todas las acciones y herramientas que la Constitución y la ley le otorgan, para obtener el respeto de sus derechos fundamentales como persona jurídica y como contratista del Estado.