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Grupos afros de Cartagena aplauden ley antirracismo

Dicha ley castigaría con penas de entre uno y tres años de cárcel todos los actos considerados como racistas e impondría  sanciones de entre 10 y 15 salarios mínimos legales, para quienes promuevan actos o conductas o comportamientos constitutivos contra grupos de personas o comunidades.

Se supo que no sólo se considerará como delito la discriminación racial contra las comunidades negras sino que también se incluyen los hostigamientos por raza, religión, ideología política, origen nacional, étnico o cultural. La reforma se hace al Código Penal, en particular a los artículos referentes a la conducta punitiva.

No obstante, la ley pasa a ser sancionada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, pero antes deberá tener su conciliación con las plenarias de Senado y Cámara.



Es un hecho histórico



El presidente de la “Red Para el Avance de las Comunidades Afrodescendientes”, Donaldo Barrios Geles, manifestó que “se trata de un acontecimiento histórico que constituye una ganancia en el proceso de construcción de una sociedad más justa”.

El dirigente recordó el recorrido de la RedAfro en el ejercicio de denuncias públicas de los actos de discriminación en Cartagena y el acompañamiento a las víctimas en el impulso de las acciones judiciales.

El caso más sonado fue el de las hermanas Lena y Johana Acosta,  discriminadas en un establecimiento público de la capital de Bolívar, lo que  fue denunciado por la RedAfro en medios de comunicación locales y nacionales, y paralelamente se les acompañó en el ejercicio de la acción de tutela.

“Posteriormente —señaló Barrios Geles— esa acción de tutela fue seleccionada por la Corte Constitucional; y fue en la sentencia T-1090 de 2005 donde el máximo órgano en materia constitucional, además de condenar a los agresores y reconocer el pago de perjuicios a las víctimas, exhortó al Congreso de la República a tramitar un proyecto de ley orientado a sancionar las prácticas de discriminación racial en consonancia con la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Hoy vemos la materialización de la orden impartida”.

Por su parte, Manuel Salinas, de la organización “Palenque Libre”, manifestó no estar de acuerdo con la mencionada ley, “porque si Colombia es verdaderamente un país civilizado debe abstenerse de crear esas leyes, pues debemos aprender a respetarnos sin necesidad de que nos sancionen”.

Más adelante expresó que “lo que debería hacerse es reforzar las campañas educativas en torno al respeto y la tolerancia, puesto que muchas veces las discriminaciones se dan de  negros a negros; de indios a indios; gays contra gays, etc. Es decir, todo eso lo produce la ignorancia. De ahí, la importancia de la labor educativa”.

Salinas adujo que “en virtud de esa ley es muy probable que crezca más el odio entre nosotros, porque todo mundo tendrá miedo de tratar con negros o indios, por temor a que todo se interprete como discriminación”.



Que no sea letra muerta



Marilyn Pasco, de la “Fundación Surcos”, afirmó que “en el año de la afrodescendencia es lo mejor que pudieron hacer los legisladores colombianos, porque la verdad es que hasta el momento no se había organizado un evento de trascendencia en torno a esta fecha”.

Agregó que “ojalá esa ley no se convierta en un arma de doble filo, mediante la cual cualquier desacuerdo se interprete como racismo o discriminación”.

Ronald Rodríguez Porto, presidente la recién creada “Asociación de Periodistas Afrocolombianos del Caribe (Apac)”, anotó que “es un gran precedente y un buen logro el que ha tenido la comunidad afrocolombiana unida, que ojalá sirva como ejemplo para las demás comunidades minoritarias de Colombia. Lo que queda es esperar a que se le dé un uso racional a esa ley y que  no se convierta en el caballito de batalla para convertir en denuncia hasta las cosas más insignificantes”.

Los dirigentes afros estuvieron de acuerdo en que “el reto ahora se constituye en romper el silencio y denunciar, como también hacer un análisis desde el derecho, en el campo probatorio, para que las sanciones contempladas sean efectivas, y que la legislación no se quede en letra muerta”.

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