Habría daño patrimonial por siniestro del Emisario

La Contraloría considera que el daño patrimonial se presentaría toda vez que el contratista EDT Marine Construction recibió  unos recursos de más de 42 mil millones de pesos, pero no ha entregado un producto instalado (tubería del Emisario instalada).
Así también habría responsabilidad fiscal por parte de Aguas de Cartagena por haber pagado unos dineros y no tener garantías para recuperar esa inversión.
La Contraloría no se explica por qué se cambiaron las condiciones de un contrato en el que la garantía de cumplimiento era del 30%  tras un anticipo, y luego mediante otrosí se cambia a una modalidad de pagos parciales y una garantía del 5%, favoreciendo al Contratista (EDT Marine).
 La contratación para el traslado y suministro de los 4,32 kilómetros de tubería del Emisario Submarino ronda los $57 mil millones de pesos.
El resultado de la audiencia especial preliminar fue enviado en un documento, que consta de 5 folios, a la alcaldesa de Cartagena Judith Pinedo y al gerente de Aguas de Cartagena, Francisco Pérez Tena, en la que se relacionan 13 presuntas irregularidades, razón por la que los conmina a responder punto por punto. Hoy, lunes, culmina el plazo otorgado para entregar estas repuestas.

Irregularidad en fechas
Según el documento que conoció El Universal,  la Contraloría revela que el contrato de obra civil entre Aguas de Cartagena y el consorcio chipriota EDT Marine Construction Cartagena Outfall, tiene fecha del 11 de febrero de 2008, pero se inicia en marzo de 2009,  debido a la demora, por parte del contratista en la presentación de documentos requeridos.
Otra irregularidad hallada está en el control de calidad que debió hacérsele al proceso de fabricación de la tubería que se hizo durante el año 2008 por la firma Pipelife de Noruega. Hoy los tubos están fragmentados en el mar.
Este proceso debió asumirlo la firma Hallcrow Group, pero esta firma inglesa inició su contrato de interventoría en 2009, tal como aparece en un acta de  dicho contrato fechado el 19 de marzo de ese año.
Estas situaciones “restan transparencia al proceso al proceso de contratación”, dice en sus observaciones la Contraloría y por ello espera las respuestas y aclaraciones de Aguas de Cartagena.
Según la auditoría preliminar, el interventor del contrato tampoco habría realizado un control financiero del proyecto, a lo cual estaba obligado.

Multas no proceden
Otra de las fallas, observada por la Contraloría,  radica en los términos del Contrato. Según el documento,  “el término pactado en el pliego de condiciones se estimaba  en 24 meses, pero en el contrato se estipuló un lapso de 18 meses y a la fecha del siniestro ese contrato ya estaba vencido.
Para la Contraloría, las multas impuestas por Aguas de Cartagena no son procedentes ni válidas, pues solo cuando ocurre el siniestro es que Aguas de Cartagena procede a multar, pese a que ya para esta época se encontraba vencido el plazo del contrato.
Esta expiración del contrato, hace perder competencia al contratante para actuar con ciertos mecanismos de control, como las multas por ejemplo, señala la Contraloría.

Habla el Contralor
El contralor Distrital, Hernando Sierra, ratificó las observaciones hecha por la comisión auditora de su despacho, en esta caso, y dijo que “espera las respuestas por parte de Acuacar y el Distrito, para continuar el proceso de auditoría especial”.
El documento que conoció El Universal fue firmado por César Luis Banquez Bossa, líder de la comisión auditora de la Contraloría Distrital al Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.