Inseguridad en Cartagena preocupa a la Presidencia

En seguridad, Cartagena cerró mal el año 2011.Así lo expresa el alto consejero presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, Francisco José Lloreda Mera, quien se reunió el 10 de febrero con el alcalde Campo Elías Terán Dix, y su equipo de gobierno, para invitarlo a participar de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Lloreda Mera reporta que el año pasado en Cartagena hubo una reducción en homicidios del 13%, pero un incremento de 24% en el hurto, 60% en extorsiones (casos reportados), hurto a personas 33%, hurto a comercio 4,3%, hurto a residencias 9,1%.
“Salvo los homicidios, que bajaron y que es una buena noticia, Cartagena cerró mal”, sostiene.
Para el funcionario nacional es preocupante que en el primer mes del 2012 aumentaron los homicidios. En el mismo mes, el año anterior fueron 20 casos y en este se pasó a 25 homicidios. “A esto hay que pararle bolas”, dijo.
Para el funcionario, si hay una ciudad del país que requiere un trabajo social a fondo como requisito para mejorar la seguridad, es Cartagena. Para eso se debe trabajar de manera directa y focalizada en los sectores más vulnerables.
Nada que ocultar
“No podemos tapar el sol con las manos. La situación de inseguridad en Cartagena pasa necesariamente por la marginalidad en la que se encuentran muchos de sus habitantes, por la vinculación de jóvenes a las pandillas, por los jóvenes en situación de prostitución, aquellos que han caído en las drogas y que participan en el comercio ilegal. También por los embarazos precoces en adolescentes”, comenta Lloreda.
Para el Consejero Presidencial el gobierno local es el responsable de cumplir con la tarea que le corresponde en seguridad, y que en el caso de Cartagena, el Alcalde puede hacer muchas cosas por la ciudad como mejorar los barrios, impulsar programas para contrarrestar el embarazo en adolescentes, buscar alternativas de ingresos económicos para los jóvenes que están en las pandillas y ampliar la jornada escolar para que los estudiantes no terminen ociosos en la calle.
Lloreda Mera dice que la Alta Consejería es una oficina asesora del Presidente de la República, hace parte del gabinete y su función es definir la política pública y coordinar y articular a las entidades nacionales, responsables de la ejecución de la política, y hacer ese mismo esfuerzo con los gobernadores y alcaldes.
Respaldo a Policía
Con relación a los problemas de convivencia, hoy la Policía carece de instrumentos legales para poner en cintura a quienes la están perturbando, en especial frente al ruido. Por eso en el nuevo Código de Policía, que se presentará en marzo al Congreso, se incluye unos instrumentos para que la Policía actúe contra quienes afectan la convivencia ciudadana, no solo con multas, sino con medidas que lleguen hasta el decomiso de los equipos.
El encuentro con el alcalde busca identificar los programas que se requieren en las zonas más afectadas de la ciudad en cuanto a temas de prevención social, de Policía, de justicia y cultura ciudadana.
El Consejero Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana también habló de otros temas relacionados con la oficina a su cargo.
¿Qué es y en qué consiste la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadanía?
—Es una herramienta para luchar contra el crimen y sus causas. Es el resultado de un proceso interinstitucional liderado por la Presidencia de la República, con la participación de los ministerios de Defensa, Interior, Justicia, la Policía Nacional, el DANE, y otras entidades nacionales y del nivel territorial.
¿El Gobierno cómo piensa implementar esta política?
—Se parte de la base de que la seguridad no es solo un asunto de Policía, sino que requiere una fuerte inversión social y trabajar los factores que ocurren en cada ciudad, al interior de sus barrios, y que explican por qué se da la inseguridad. Por esta razón, se busca unir esfuerzos entre alcaldías, los gobiernos departamentales y la Nación.
¿Cómo hacer para que esta política funcione teniendo en cuenta las problemáticas que existen entre ciudades y departamentos?
—Se debe entender la realidad de cada ciudad. Esta política, lejos de ser una receta universal, es una caja de herramientas que el Gobierno pone a disposición de los alcaldes para que se identifiquen las herramientas a utilizar.
¿Cómo se accede a estas políticas?
—Para el Gobierno la seguridad es una prioridad y es requisito fundamental que también lo sea para los alcaldes. En la medida que sea prioridad para los dos es más fácil identificar qué le corresponde a la administración municipal, qué pueden aportar las gobernaciones y qué le corresponde al Gobierno nacional.
¿El país cómo se encuentra en cuanto a convivencia ciudadana?
—El grueso del crimen en Colombia se presenta en pocas ciudades. Se identificaron 20 ciudades en las que estamos haciendo un esfuerzo y trabajo conjunto.
Se cuentan Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Norte de Santander, Cúcuta, Itaguí, Palmira, Pereira, Cartagena, Tumaco, Villavicencio, Tuluá, Santa Marta, Soledad, Manizales, Buenaventura, Ibagué, Caucasia, Bucaramanga, Soacha, Popayán, Dosquebradas y Valledupar.  
¿Cuál es el delito de más impacto en estas ciudades?
—Tenemos un desafío muy grande en cuanto a homicidios. Estas 20 ciudades aportan casi el 50% de los homicidios en el país. Hay nuevos delitos sobre los que se está trabajado y por los que se reclama una acción conjunta. La extorsión ha crecido en el país y se presenta de manera diferente en la cada ciudad.
¿Qué ofrece el Gobierno para adelantar este programa?
—El gobierno nacional impulsa programas de beneficio para las ciudades, las normas que se requieren para combatir la criminalidad. El año pasado se expidió la Ley de Seguridad Ciudadana. Se va a presentar al Congreso un Nuevo Código de Policía para que las autoridades tengan más instrumentos para combatir la criminalidad, se trabaja un proyecto de ley que revisa los requisitos para el porte de armas, así mismo se definió el incremento en 20 mil nuevos policías, que se repartirán entre estas 20 ciudades.
Los ministerios, el ICBF, el Sena, tienen programas que están aterrizados a cada una de las ciudades.
¿Qué hacer con algunos procedimientos donde quedan libres los implicados?
—La Policía, los fiscales y los jueces se recriminan mutuamente. Es importante que cada uno de ellos cumpla con sus responsabilidades y que exista un diálogo entre ellos, porque de ellos depende que los crímenes no queden impunes.
La ciudadanía tiene temor de denunciar casos. ¿Qué se puede hacer para vencer este miedo?
—Creo que los colombianos cada día son más conscientes de la importancia de denunciar, y cuando se registra un incremento en alguna modalidad delictiva no significa que esta haya crecido, puede significar que hay más denuncias, más confianza de la ciudadanía.
Esta política invita a las autoridades locales a construir canales de confianza, que solo se dan en la medida que la ciudadanía entienda que su denuncia es recibida y que arroja resultados.
¿Se requiere mas conciencia ciudadana?
—El ejemplo de las autoridades y su cercanía con la comunidad y construir lazos de confianza permite que los ciudadanos tengan conciencia ciudadana para denunciar.
¿Y qué del robo de celulares?
—Este año la consejería definió una política contra el hurto de celulares, que esta en proceso de implementación y que busca que los colombianos no compren celulares robados porque no podrán utilizarlos. Esto lleva a que el ladrón de celulares deje de hacerlo, porque nadie los va a comprar.
El Ministerio de Tecnología para las Informaciones y Comunicaciones estableció regulaciones. Este año la medida comienza a operar. Las empresas de celulares van a exigir las facturas para activar los equipos, que hayan sido adquiridos en un lugar legal y que haya ingresado al país de manera legal y registrado en la DIAN.
¿Cuándo será una realidad esta política?
—Nos hemos propuesto cinco objetivos. El primero es la reducción de los homicidios. Al inicio del gobierno Santos había una tasa de homicidios de 34 por cada 100 mil habitantes, en 2011 la tasa fue de 32, y el plan de desarrollo establece como meta 28. El año anterior hubo una reducción del 4,6% de los homicidios. Segundo, la reducción de la criminalidad en general. En el hurto de personas se logró un descenso del 3,6% y se espera que en este año se avance más.
En convivencia, no siendo fácil de medir, se espera que con el nuevo Código de Policía se logre contar con instrumentos que permitan resolver en buena parte los problemas que se vienen presentando.
Nos hemos propuesto que los ciudadanos sientan menos miedo y eso implica un incremento en confianza.
También tenemos dispuesto que los operadores de justicia cumplan su labor, logren judicializar de manera más efectiva a quienes están cometiendo delitos, especialmente los de alto impacto.
Esta política tiene metas puntuales y especificas para cada ciudad del país, El Gobierno nacional hace lo que le corresponde, pero se necesita la corresponsabilidad de las administraciones locales, sino esto no ocurre, no se lograrán los avances que se necesitan.
¿Cómo está la política de seguridad y convivencia con relación a los países vecinos?
—Estamos adelante, la política es el resultado de un examen minucioso de experiencias nacionales e internacionales sobre que funciona y que no contra el delito y para prevenirlo.
El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo nos han invitado a compartir esta política porque no es usual que un país cuente con un instrumento u hoja de ruta tan precisa en cuanto a las acciones que se pueden desarrollar y ser efectivas.
Colombia colabora con otros países en estrategias tácticas relacionadas con el mejoramiento de la ciudad.