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Investigarán a jueces de Cartagena por demandas de Telecom

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El Consejo Superior de la Judicatura, CSJ, investigará a varios jueces en Cartagena, que através de acciones de tutelas y conciliaciones han beneficiado de forma irregular a ex trabajadores de la extinta empresa Telecom.

Así como en Cartagena, el Consejo Superior de la Judicatura, por petición de la Procuraduría General de la Nación, investigará también a funcionarios judiciales en Córdoba, Cereté, Barranquilla y en Antioquia. En total son 63 jueces que serán investigados.
Por este caso, la Procuraduría alertó al CSJ que varios jueces profirieron fallos de tutela irregulares con el pretexto de evitar un supuesto perjuicio irremediable por hechos ocurridos entre tres y cinco años atrás y en la mayoría de las situaciones se reconoció y se obligó a pagar indemnizaciones por la terminación de los contratos.
La Procuraduría alegó que en estos casos no se dio el carácter de inmediatez que caracteriza a la tutela, debido a que los trabajadores dejaron pasar muchos años para acudir a ella y pese a ello los jueces fallaron favorablemente y en detrimento del Estado.
Algunos jueces también ordenaron reconocer indemnizaciones a ex empleados que no tenían derecho, entre otros, al plan anticipado de pensión.
Ante esta situación, la Procuraduría señaló, através de un comunicado, que encontró que en los temas de fuero sindical, retén social y plan de pensión anticipada, estos jueces revivieron un debate procesal que ya había culminado y que dieron tránsito a cosa juzgada.
También señaló la Procuraduría que en los fallos de tutela se evidencian las siguientes irregularidades: La improcedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de los supuestos derechos conculcados, dado que este mecanismo procede únicamente en el evento de que no exista otro mecanismo de defensa judicial, salvo cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, a sabiendas de que existen las acciones ordinarias ante la jurisdicción laboral para solicitar el reconocimiento de las posibles acreencias laborales y protección de los derechos conculcados.
También se halló que la ausencia de un perjuicio irremediable, toda vez que en la totalidad de los casos fueron canceladas las indemnizaciones respectivas y pagadas las acreencias laborales a las que tenían derecho los trabajadores retirados.
Así mismo no hubo aplicación de las normas del procedimiento civil en lo atinente a embargos y posteriores órdenes de pago de las sumas reconocidas, toda vez, que no se corrió traslado de la liquidación del crédito a la entidad demandada.

Similar a Foncolpuertos
Es así, como el Procurador General advierte que se está ante un caso de ejercicio abu-sivo de la acción de tutela, con serias implicaciones disciplinarias y penales para los servidores públicos, apoderados y peticionarios implicados en los hechos y se está causando un detrimento patrimonial, que según será de aproximadamente $600 mil millones de pesos. De esta suma se han pagado cerca de $200 mil millones.

Dice la ministra
En declaraciones dadas a los medios de comunicaciones por la ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, también se ha encontrado concentración de tutelas concedidas por un grupo de jueces en El Carmen de Bolívar (Bolívar), Turbo y Arboletes (Antioquia) y Moñitos y San Andrés de Sotavento (Córdoba), entre otros. Además, se registra con gran preocupación que muchos peticionarios de tutelas no son nativos de esas regiones, ni nunca han vivido o laborado en esas zonas donde se les conceden sus pretensiones.
También había señalado que hubo jueces que ordenaron doble pago, ya que habiéndosele pagado al trabajador en el momento en que se terminó el proceso de liquidación de Telecom, esto es, an-tes de 2006, él volvió a invocar los mismos derechos años después y otro juez le concedió el amparo. En consecuencia, recibió un segundo pago.
También se tienen casos en que se ordenó el reconocimiento de pensiones sin el lleno de los requisitos y cree que se había configurado una alianza muy preocupante, que puede ser delictiva, entre jueces abogados y ex funcionarios.
Al Ministerio también le llama la atención que en una sola tutela incluyan a 100 personas. Es decir, hay muchos casos de tutelas grupales.
El Ministerio calcula que cerca de 400 ex trabajadores han sido beneficiados con fallos de tutelas, pero cuando se liquidó Telecom, salieron de la empresa alrededor de 4 mil personas.
El Ministerio considera que en todas las liquidaciones se hicieron unas previsiones razonables de dinero por si acaso se presentaban algunas reclamaciones justas. Esos reclamos no deberían superar el 10% del total de ex trabajadores, pero al ente ministerial le sorprendió el crecimiento inu-sitado de esas solicitudes en cerca de 1.000% durante 2009. Eso fue lo que prendió las alarmas.

Un caso escabroso
Al Ministerio llegó un caso de una tutela interpuesta en El Carmen de Bolívar por parte de 100 ex empleados que reclaman cada uno alrededor de $800 millones en indemnizaciones. Y el juez da un plazo de 48 horas para que el Patrimonio Autónomo de Telecom responda, ni siquiera dio plazo para que el Estado se defienda.

Recuadro
También en el Invias
En días anteriores, la Pro-curaduría solicitó también al Consejo Superior de la Judicatura investigara a varios jueces y funcionarios judiciales de Bolívar por el supuesto trámite irregular de demandas millonarias adelantadas contra el Instituto Nacional de Vías, Invias.
Así mismo solicitó investigar a otros funcionarios judiciales en los departamentos de Sucre, Magdalena, Atlántico, Cesar, Córdoba, Cundinamarca y Guajira que dieron, al parecer, trámite inde-bido a 38 procesos adelantados en contra del Estado.
Según comunicación de la Procuraduría, varias condenas contra el Invías fueron impuestas en virtud de la supuesta ocupación de terrenos rurales a particulares para la construcción y rehabilitación de vías terciarias en estas regiones del país. Estas demandas ascienden a la suma de $30.633 millones 789 mil.
Sostiene el Procurador General que con estas acciones judiciales se puede afec-tar el patrimonio público, toda vez que fueron tramitadas mediante un procedimiento distinto al señalado por la ley, en cuanto a que estas reclamaciones debieron ser conocidas por la justicia de lo contencioso administrativo y no por la jurisdicción ordinaria, como ha venido ocurriendo hasta el momento.
Además, se advierte que con antelación (antes de las 38 condenas) el Invias había sido hallado responsable en otros procesos judiciales tramitados presuntamente en similares circunstancias, cuyo valor ascendió a la suma de $25.966 millones 994 mil, recursos que ya fueron cancelados a los beneficiarios entre la vigencia de 2006 y agosto de 2009.
Preocupa al Procurador General de la Nación que estas cuantías son susceptibles de incrementarse, en ca-so de que prosperen otras 262 demandas que se encuentran en curso en contra de Invias, por circunstancias similares y en diversos juzgados que hacen parte de la jurisdicción ordinaria, valor que puede alcanzar a los $270.818 millones 780 mil.

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Comentarios

Señores C.S. de la J,porque

Señores C.S. de la J,porque no investiga a los jueces,que dan fallos acomodados a los grande y verdaderos ampones del pais de cuello blanco,a estos jueces si, porque le dan un fallo de tutela a favor de un miserable obrero que por la privatizar la empresa de parte del señor de la "SEGURIDAD DEMOCRTAICA" quedo esta gente sin trabajo y en la calle.

LES RUEGO QUE NO QUEDE SOLO

LES RUEGO QUE NO QUEDE SOLO EN INVESTIGACION , SINO EN QUITARLES TODO LO QUE SE ROBARON , BLOQUERLES LAS CUENTAS ETC , ETC....