Eso dejó en evidencia una de las necesidades apremiantes de esa comunidad de desplazados por la violencia: la pavimentación de las calles, las cuales fueron entregadas con capas de zahorra que ya lucen enormes cráteres en donde se almacena el agua lluvia.
Al Juan Pablo II se puede llegar a través de la carretera de La Cordialidad, por la variante Mamonal-Gambote y por la Troncal de Occidente, pero siempre por vías que semejan caminos de herradura rodeados de abundante maleza y árboles centenarios.
Tiene unas 200 viviendas y mil habitantes, según los cálculos de María de Jesús Balanta Rodríguez, una habitante desplazada de Turbo (Antioquia), quien hace las veces de coordi-nadora de una junta comunal que apenas se está conformando.
Ella rememora que el barrio fue entregado hace unos seis meses por el Gobierno Distrital, a través de Corvivienda, con la particularidad de que dentro del mismo barrio existe otro llamado Huellas, que a su vez consta de varias manzanas en donde viven exclusivamente personas discapacitadas.
Tanto Huellas como Juan Pablo II cuentan con energía eléctrica, agua potable y gas natural, pero sus principales falencias, además de las mencionadas calles, son la falta de un puesto de salud y un CAI.
Esta última carencia permite que a la zona, según los moradores, lleguen personas de los barrios vecinos, ya sea a esconderse después de haber cometido una fechoría; o a ejecutar algún atraco en ambos barrios.
Dicen que los últimos días han ido a esconder motos robadas en otros lugares, “pero aquí uno no puede decir nada, porque como no tenemos un CAI, no hay autoridad que nos defienda”.
Prohibido enfermarse
Por la falta de un centro de atención médica, las personas que han salido a altas horas de la noche a trasladar a sus enfermos, se han visto en peligro de ser atracadas, lo mismo que quienes se levantan en la madrugada en busca de una buseta en cualquiera de las tres vías que rodean al sector.
La mayoría de las cabezas de familia viven de las ventas informales en diferentes sectores de la ciudad, pero sobre todo en el Mercado de Bazurto.
Por el mal estado de las calles, ninguna ruta de buses entra a Juan Pablo II, mucho menos los taxistas y de vez en cuando los mototaxistas, pero sólo en el día y dependiendo del acceso.
“A la Policía también parece que le cuesta trabajo llegar por acá, porque en las últimas riñas que se han visto en el barrio, los agentes llegaron una hora después del hecho. Uno de ellos nos dijo: ‘mierda, ustedes están es botados”, dice María Balanta.
Las historias de sus vecinos son parecidas a la de ella: hace ocho años llegó a Cartagena, después de que los paramilitares asesinaran a sus padres, a su esposo y a sus cinco hermanos. Ella y sus tres hijos se salvaron, porque al momento de la masacre estaban fuera de casa.
María y sus vecinos reconocen que en Cartagena no están sufriendo las afugias que padecían tras la persecución de los actores violentos, “pero con esta delincuencia y estas condiciones de vida, a uno a veces le dan ganas de devolverse para su pueblo”, afirman.
En días pasados, uno de los hijos de María por poco pierde la vida en medio de una discu-sión, “con unos viciosos que se están adueñando del barrio”, relata la líder cívica, quien además cree que el Gobierno no cumplió con el anuncio del entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.
“Él dijo que nos iban a dar una vivienda digna, con dos cuartos, pero lo que tenemos son casas de un cuarto en donde todo mundo vive apeñuscado. Si eso es vivienda digna, entonces lo mío era un palacio cuando estaba en el monte”.
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