Una nueva dificultad afrontan las obras del tramo 5A de Transcaribe, entre Bazurto y La Popa, por cuenta de acciones judiciales interpuestas por particulares que sienten vulnerados sus derechos.
Esta vez se trata de una medida cautelar dispuesta por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Cartagena el 17 de mayo de este año, que ordena la suspensión de los trabajos en ese trayecto vial hasta que sea fallada una acción de tutela instaurada por la propietaria del Almacén Expolujos, en el Pie de La Popa, quien dice que las obras no le permiten ejercer su actividad.
El fallo definitivo de tutela por parte del juez Ramiro Flórez Torres se conocería la próxima semana, toda vez que el viernes 27 de mayo se cumplen los 10 días hábiles que contempla la ley para la resolución de este tipo de herramienta judicial.
La firma de abogados Mora & Porto, apoderada del tutelante, indica que la acción judicial se interpuso debido a los perjuicios causados la dueña de este negocio, en el cual se comercializan rines y partes para vehículos.
Frente a ese local Transcaribe hizo desde el 1 de mayo de este año una excavación que impide el ingreso de carros, lo que según la propietaria, ha reducido sus ventas en 35 por ciento.
Dalila Manga Banquez, abogada a cargo del caso, dice que esta afectación configura una violación a los derechos fundamentales al trabajo, debido proceso e igualdad, teniendo en cuenta que “este negocio requiere del ingreso de vehículos al almacén, lo cual se ha interrumpido por las obras que han bloqueado totalmente el acceso al local”.
Comenta que en principio se acordó con el contratista del tramo 5A, Consorcio Cartagena 2010, trabajar después de 5 de la tarde frente al negocio mencionado, pero luego de unos días el pacto se omitió y los trabajos obstruyen por completo el acceso de los carros al almacén.
“Los obreros de Transcaribe ni siquiera han permitido poner estibas o puentes de madera para que los carros pasen por encima de la zanja hecha frente al almacén”, agrega la abogada Dalila Manga.
INDEMNIZACIÓN
El accionante pretende que Transcaribe o el Distrito le paguen una indemnización por las pérdidas económicas que ha tenido y tendrá hasta que terminen las obras en el sector.
“Éste es un establecimiento comercial que necesita de sus ventas para mantenerse, pero han bajado más del 35 por ciento, lo que ha obligado a despedir varios trabajadores. Por eso la solución sería llegar a un acuerdo para recibir una indemnización”, sostiene la profesional del Derecho.
Manga Banquez considera que esta situación es diferente a la de los colchoneros de Bazurto que hace varias semanas recibieron fallos de tutela adversos en relación con las obras de Transcaribe, toda vez que en esos casos se trataba de vendedores informales y ocupantes del espacio público y en este caso la acción judicial se refiere a un establecimiento de comercio formal.
TUTELA IMPROCEDENTE
Enrique Chartuni González, gerente de Transcaribe, dice que respeta la decisión judicial, pero considera que la medida cautelar de suspensión de obras en el tramo 5A es desbordada y por tanto se ha solicitado su revocatoria.
El funcionario explica que la tutela en este caso es improcedente toda vez que la comerciante hace reclamaciones económicas que no se discuten en este tipo de acción judicial, que es una vía constitucional, sino a través de vías ordinarias, por ejemplo interponiendo una demanda de reparación directa ante un juzgado.
Chartuni indica que la tutela no demuestra de qué forma se violan los derechos al trabajo, debido proceso e igualdad, y lamenta que la medida cautelar genere un perjuicio a la ciudad con la suspensión de estos trabajos, por lo cual se pierden más de $40 millones cada día.
Transcaribe aclara que contrario a lo indicado por el Juzgado, las obras sólo se han parado en el sector del negocio afectado y no en el resto del tramo 5A, ya que se retrasaría el cronograma establecido para este proyecto.
“No entendemos por qué la medida cautelar se aplica para la totalidad del tramo 5A, si ha podido hacerse sólo para el área donde está el negocio”, señala Chartuni.
PIDE REVISIÓN
Considera que se debe revisar esa decisión judicial teniendo en cuenta que fue emitida por el Juzgado Décimo Civil Municipal, el mismo que en febrero de este año ordenó suspender las obras mientras se fallaba una tutela interpuesta por vendedores informales de colchones que se consideraban afectados por la obras de Transcaribe. El fallo de tutela finalmente fue favor de Transcaribe y el Distrito.
Teme Chartuni que particulares continúen interponiendo tutelas para frenar estas obras que, según el contrato, deben ser entregadas en diciembre de este año, pero que seguramente tardarán más por estos inconvenientes.
Tanto el equipo jurídico de Transcaribe como el de la Alcaldía de Cartagena han pedido la revocatoria de la medida cautelar y expuesto sus argumentos en procura de que la justicia falle a su favor esta tutela.
DENUNCIA CONTRA JUEZ
Érica Martínez Nájera, jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Cartagena, comparte la consideración de Chartuni respecto de la improcedencia de la tutela para pedir indemnizaciones y anuncia que el Distrito estudia la posibilidad de denunciar al juez Décimo Civil Municipal, Ramiro Flórez Torres, por las decisiones reiteradas que ha proferido en contra de la realización de obras públicas en la ciudad.
Las acciones judiciales contra el juez buscarían que se le abriera alguna investigación disciplinaria por su conducta, teniendo en cuenta que en febrero pasado también ordenó la suspensión provisional de trabajos en el tramo 5A, la cual revocó después atendiendo los argumentos del Distrito, que al final logró que el fallo de tutela se diera a su favor.
Martínez no entiende cómo el juez emite otra orden de suspensión provisional de obras que, según ella, contradice la decisión que ya había tomado en febrero respecto de estos casos en los que se enfrentan intereses particulares y generales.
Agrega la funcionaria que se podrían tomar acciones contra la Rama Judicial en caso de que el Distrito tenga que pagar algún dinero adicional a los contratistas que podrían ampararse en el no cumplimiento de las fechas de terminación de obras, por las decisiones judiciales que les ordenaron parar por varios días.
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