La alcaldesa se retracta nuevamente

Ello obedeció a que el Juzgado 14 Penal Municipal de Cartagena rechazó la solicitud de que se precluyera un proceso penal en su contra por los delitos de calumnia e injuria. El pronunciamiento de la Alcaldesa es el siguiente: “Mis declaraciones a propósito del fallo de primera instancia proferido por el magistrado Javier Ortiz del Valle sobre la inhabilidad en que habría incurrido y que en consecuencia viciaba mi elección, no corresponden a la verdad. Reconozco públicamente que cualquier afirmación en que haya incurrido contra la honra y buen nombre del magistrado Javier Ortiz del Valle no es cierta. El magistrado Ortiz del Valle expresó su opinión jurídica sobre una situación particular y el hecho de no compartirla, no podía dar lugar a expresiones que indicaran que el magistrado había actuado de manera ilegal o con propósitos innobles. Aclaro a la opinión pública que mi actuación al descalificar en términos deshon-rosos al magistrado Ortiz del Valle es censurable, no debió producirse y no es cierto que el doctor Ortiz del Valle actuó mediado por el ofrecimiento de notarias o magistraturas por su providencia. Me retracto de todo cuanto dije y debo reconocer que frente a las decisiones judiciales sólo puede haber una actitud de acatamiento, porque la democracia exige respeto absoluto por las decisiones judiciales”. JUDITH PINEDO FLÓ-REZ Alcaldesa de Cartagena La decisión del juzgado Durante audiencia de ayer, el Juzgado 14 Penal Municipal de Cartagena rechazó la solicitud de preclusión de un proceso penal contra la alcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo Flórez, por los delitos de calumnia e injuria contra el magistrado Javier Ortiz del Valle. Sin embargo y pese a la nueva rectificación, la decisión del juzgado fue apelada por la Fiscalía al igual que por el defensor de la mandataria, Enrique del Río, y será un juez penal del Circuito el que determine finalmente si accede o no a la preclusión del proceso penal contra Pinedo Flórez. Según el juzgado, la mandataria no rectificó adecuada y completamente la información dada públicamente contra el entonces magistrado del Tribunal Administrativo de Bolívar, Ortiz del Valle. Según el proceso penal, la Alcaldesa habría señalado públicamente que el magistrado falló en junio de 2008 una demanda electoral contra de su elección porque le fue ofrecida una notaría y un puesto en un alto tribunal en Bogotá. Ante la decisión de no precluir el proceso penal, tanto la Fiscalía como el defensor de la mandataria alegaron que la rectificación sí se dio de manera adecuada y en todos los medios locales, regionales y varios nacionales, e incluso ante personalidades que visitaban la ciudad. A juicio del abogado Del Río, en marzo de 2009, la mandataria admitió el hecho, se disculpó y se retractó pú-blicamente, lo que en su conjunto es una rectificación adecuada y por eso el proceso debe culminar. Versión opuesta La defensa del magistrado Javier Ortiz del Valle se había opuesto a la solicitud de preclusión de la Fiscalía, alegando que la rectificación no se hizo en iguales condiciones que las acusaciones lanzadas contra su defendido. Había señalado que contra el magistrado salieron publicaciones en TV, radio, periódicos y revistas nacionales y con la rectificación no sucedió lo mismo. Esta situación también motivó al magistrado a demandar al Distrito por los perjuicios morales ocasionados por los comentarios de la Alcaldesa de la ciudad, cuyos daños se tasaron en unos $3mil millones, dado los problemas que le ocasionaron a su familia las amenazas que se desprendieron de las sindicaciones hechas públicamente y que motivaron posteriormente su traslado a otra ciudad.