La Vía a Barú depende de los planes ambientales y sociales

Los Consejos de Comunidades Negras que existen en los poblados de la isla de Barú advirtieron que la continuidad de la vía que los conectará con el desarrollo, que se construye con dilaciones desde hace varios años, depende de planes ambientales y sociales.Ellos reaccionaron ante el anuncio del Distrito de fijar un plazo de 7 días para realizar un proceso de consultas previas con los afrodescendientes, y cumplir así con un fallo proferido por la Corte Constitucional, que ordenó parar la construcción del megaproyecto Vía a Barú.
La Corte ordenó frenar la obra porque consideró que las comunidades no habían sido consultadas, siendo excluidas del megaproyecto, pasando por alto sus necesidades socioeconómicas.
Los nativos preparan un pronunciamiento para los próximos días contra la decisión del Distrito de hacer en una semana un trabajo de socialización sobre el proyecto Vía a Barú que no se ha cumplido desde 2006, en prejuicio de las comunidades de Ararca, Santa Ana, Barú y Pasacaballos.
“El tiempo que propone el Distrito para realizar las consultas y poder avanzar con el proyecto Vía a Barú es muy corto, porque primero debe hacerse un censo de los consejos de comunidades afrodescendientes que existen en la isla, para poder implementar el plan de la consulta previa, esto no se puede hacer en siete días”, dijo David González Cardales, representante del Consejo de Comunidades Negras del corregimiento de Santa Ana en Barú.
Según el líder,  los contratistas y el Distrito deben cumplir con lo dispuesto en la Ley 70 que tutela los derechos de las comunidades afrodescendientes en el país, y el Decreto 1320 del Gobierno nacional que regula los procesos de consultas previas con las minorías en sus territorios.
“El Distrito debe primero hacer un censo poblacional y presentar un plan de socialización ante el Ministerio del Interior para este procedimiento, lo cual dura unos 4 meses”, agregó González Cardales.
Manejo ambiental
Para los voceros de las comunidades de Barú, los contratistas que adelantan un proyecto a un costo de más de 50 mil millones de pesos, para construir la transversal de 32,5 kilómetros que atraviesa toda la isla, no han presentado un estudio de impacto ambiental y un respectivo plan de manejo ambiental, componente necesario para el proceso de consulta previa.
“Aquí no se trata de presentar unas simples diapositivas a las comunidades, se trata de presentar planes reales para el manejo del medio ambiente y la calidad de vida de las comunidades”, dijo Ramiro Torres autor de la tutela fallada a favor de los nativos por la Corte Constitucional y que ordenó frenar el proyecto.
Para la construcción de la vía los contratistas llevan talados varios kilómetros de árboles, lo que constituye una falta grave al ecosistema.
Diseños y mano de obra
Una de las razones que alegaron los pobladores en la tutela presentada en la Corte, fue el desconocimiento de los diseños del proyecto. En un comienzo las calzadas que serían de 8 metros de ancho terminaron, según los nativos, en 6 metros. La orden de la Corte, también incluye socializar todos los pormenores en los diseños. Otra de las razones que motivó la tutela, está en la falta de contratación de mano de obra de moradores de los corregimientos, ya que ningún nativo trabaja en ella.