La diligencia que se pretendía adelantar hace parte del propósito de la alcaldesa Judith Pinedo Flórez, de recuperar y preservar los bienes de uso público ocupados por particulares, especialmente los de zonas protegidas como la de los manglares de la margen derecha del corregimiento La Boquilla.
La mandataria dice que respeta la decisión judicial, pero se muestra extrañada por la orden que llevó al traste un operativo que requirió de un trabajo de varias semanas entre la Policía y varias autoridades administrativas.
“Unos 100 efectivos de la Policía fueron dispuestos para realizar esta diligencia de recuperación de una zona de manglares que fue destruida por particulares para rellenarla con basuras y escombros. Todo el trabajo (trámites) se perdió por la orden del Juzgado”, dijo el alcalde de la Localidad (2) de la Virgen y Turística, Reinado Manjarrez, quien encabeza la acción de restitución.
Esta ocupación ilegal de zonas de bajamar en La Boquilla se viene combatiendo desde hace más de 10 años.
Además del daño ecológico que provoca la destrucción de los manglares, se quiere frenar la construcción ilegal de viviendas en esta zona de la Ciénaga de La Virgen.
LUCHA VIEJA
1–En el año 1992 se interpuso una acción popular contra Hernán Joel Bohórquez, quien había adquirido uno de los lotes de la supuesta propiedad de Aníbal Olier Bueno, por violación al derecho de un medio ambiente sano.
En primera instancia el Juzgado 3º Civil del Circuito amparó el derecho invocado, sentencia confirmada por el Tribunal Superior de Cartagena en el año de 2003, ordenando a Bohórquez extraer el relleno hecho en el terreno, erradicar las sabaleras construidas, restablecer el flujo de aguas, demoler las obras de infraestructura que hayan en el ‘terreno’, retirar los escombros y desalojar el lugar “para proceder al restablecimiento ecosistémico”.
2–La Dirección General Marítima a través de la Capitanía de Puerto de Cartagena, interpuso denuncia por ocupación ilegal de bien de uso público de propiedad de la Nación ante la Alcaldía de la Localidad 2 ó de la Virgen y Turística.
3–Se presenta recurso de reposición y subsidio de apelación frente a la denuncia anterior. Es resuelto el primero, pero el segundo aún no lo define el Gobierno Distrital.
4–Mediante Resolución 059 del 4 de mayo de 2009, la Alcaldía Local 2 resuelve solicitar la restitución del bien de uso público.
5–La notificación de esta resolución se hace mediante una publicación en el periódico El Universal, pero como no comparece entonces se fija edicto en la Alcaldía Local 2, tal como consta en el expediente.
6–El 3 de febrero de 2010 se instaura acción de tutela por violación del derecho de defensa y al debido proceso, ante el Juzgado 13 Civil Municipal. La protección del derecho no es concedida en primera instancia, pero es impugnada y confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Sala Civil.
7–El 1 de febrero de 2010 se presenta solicitud de revocatoria de la Resolución 59 del 4 de mayo de 2009, la cual es decidida desfavorablemente.
8–El 20 de septiembre de 2010 cursa ante la Alcaldía Local 2 una solicitud de nulidad de la actuación administrativa, solicitud que aún no ha sido resuelta.
9–Entra a hacer parte del proceso Julio César Bohórquez Guevara, alegando que tiene un proceso de prescripción adquisitiva de dominio ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito, y solicita la nulidad del proceso administrativo que se sigue ante la Alcaldía Local 2.
10–Se interpone una acción de tutela ante el Juzgado Séptimo Civil Municipal por violación al debido proceso y al derecho de defensa, la cual en primera instancia fue negada
11–Por sentencia del 29 de noviembre de 2010, el Juzgado Primero Civil del Circuito niega el recurso de impugnación contra la sentencia del Juzgado Séptimo Civil Municipal de Cartagena.
12–El 17 de diciembre de 2010 la Alcaldía Local de la Virgen y Turística se dispone a realizar la diligencia de restitución del bien de uso público para recuperar una zona de manglar de protección ambiental especial usurpada por particulares, con tala y rellenado de escombros de manera indiscriminada, durante muchos años. Un fallo de tutela impide el operativo de manera transitoria.
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