Para tales obras se le concedió al Distrito de Cartagena 9 meses de plazo, tiempo en que debe la Administración Distrital realizar también los estudios técnicos, financieros y las apropiaciones presupuestales del caso.
Además de adecuar las vías, el juzgado también ordenó la construcción de los drenajes pluviales a cada una de las calles, las cuales son la 2,3, 7 y 9 del citado corregimiento, las cuales, según señalan los habitantes, son intransitables, dificultando la movilidad por las mismas.
Las ordenes se desprenden de una acción popular instaurada por José González Galeras, en su condición de presidente de la Junta de Acción Comunal de esa zona de Cartagena, quien reiteró al ente judicial el gran abandono al que ha estado sometida la localidad por parte del Gobierno Distrital, en el cual están viviendo casi en condiciones indignas.
El líder comunal argumentó ante el despacho judicial que en épocas de verano, en esas calles se levantan continuas polvaredas que han afectado las vías respiratorias a varias personas. Así mismo en temporadas de lluvias las vías se inundan y el agua se estanca, poniendo igualmente en riesgo la salud de los vecinos de las mismas, mucho de los cuales se ven obligados a entrar y salir por éstas.
Al respecto, el Distrito respondió al juez que no podía ordenar obras mediante acción popular sin tener en cuenta la disponibilidad presupuestal del ente territorial, así como los programas y planes de desarrollo y otros gastos prioritarios.
Señala que las calles, que no son principales, en total abarcan más de tres kilómetros, lo que equivale en gastos al valor del 40% del presupuesto de vías programadas para pavimentar, lo que implicaría que muchas otras comunidades con necesidades más apremiantes se queden sin inversión.
Sin embargo, el Juzgado consideró que si bien las calles mencionadas no son vías principales, no puede negarse que son bastantes utilizadas por la comunidad y su estado dificulta el goce pleno del espacio público por lo deterioradas que están y que además la Administración no debía ser excluyente frente a esta comunidad que desde hace años espera mejorar sus condiciones de vida y su entorno.
Pero habrá que esperar a que se defina una segunda instancia ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, dado que el Distrito apeló la decisión del juzgado inicial.
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