“La cárcel debe desaparecer”: Daniel Acosta, del Inpec

“La cárcel fracasó como modelo sancionatorio y cada vez es más notoria dentro de este tipo de establecimientos la violación de los Derechos Humanos”, dijo el sociólogo Daniel Acosta Muñoz, coordinador de Investigaciones del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec).
Sus observaciones se conocieron en el III Intercambio de Semilleros de Derecho Penal y Penitenciario, realizado en Cartagena de Indias, en las instalaciones de la Universidad de San Buenaventura.
Daniel Acosta, quien además representa a la Escuela Penitenciaria y a los docentes que evaluaron las 20 ponencias de 12 universidades del país que participaron en el evento de la San Buenaventura, considera que la cárcel debe desaparecer, o “sostenerse solo para delincuentes violentos reincidentes, con los que realmente la sociedad no tiene más remedio que el encierro, y estos delincuentes son el 30% de las personas que están en las prisiones”.
El restante 70% de internos están por delitos menores originados por la crisis social y las necesidades del país. “Estamos de acuerdo en que para delitos de agresión contra la sociedad no hay otra salida que la cárcel, pero para la mayoría de los casos se deben buscar otras alternativas”, reitera el funcionario.
El director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte Tapias, por su parte lamentó que la política penitenciaria haya estado ausente de la academia durante muchos años, y destacó que la Universidad de San Buenaventura en Colombia sea hoy pionera para que sus estudiantes conozcan desde el punto de vista criminológico y penitenciario, cómo se administra la pena en los establecimientos carcelarios del mundo, especialmente los de Colombia.
MÁS DOMICILIARIA Y VIGILANCIA 
Juan David Posada Segura, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín, y organizador en Cartagena del III Intercambio de Semilleros de Derecho Penal y Penitenciario, coincide con el investigador Acosta Muñoz en impulsar la alternatividad penal de “menos cárcel como sanción penal y buscar otras alternativas civilizadas, como las multas para delitos menores”.
Los funcionarios recordaron que en Colombia se han dictado unas 20 mil detenciones domiciliarias, y la tendencia es hacer masiva esta alternativa.
“Obviamente, la domiciliaria no puede ser para personas con antecedentes, ni para criminales, ni para delincuentes de cuello blanco, esto debe ser un reconocimiento, e incluso la misma sociedad y las autoridades locales, deberían dar también un punto de vista si una persona merece o no la domiciliaria”, conceptúa Posada.
“El sistema ha mostrado profundos errores y un fracaso grandísimo —continuó—, por eso en muchos países, especialmente escandinavos, están aplicando la vigilancia electrónica, que supone que una persona, mientras la procesan, no debe estar privada de la libertad, sino que se somete a un seguimiento satelital, con una tobillera o un brazalete, para ubicarlo y así evitar que huya de la justicia”.
“Ese sistema parte del principio de que las personas son inocentes hasta que se les demuestra lo contrario, pero en Colombia ha hecho carrera que una orden de detención no se le niega a nadie”.
“Para la academia es suficientemente claro que el sistema carcelario no es útil a los intereses de resocialización, y el problema es que sí es útil a otros intereses oscuros como los que manejan el tráfico de drogas en las cárceles, ya que las economías negras que generan los establecimientos en materia de estupefacientes es altísima”, puntualizó Posada Segura.