La ESE retorna a manos del Distrito

Después de cuatro días de reuniones con funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud en Cartagena y en la capital del país, y también con funcionarios del Ministerio de Protección Social, la alcaldesa Judith Pinedo Flórez consiguió que su gobierno retomara el control de la ESE Hospital Cartagena de Indias. La noticia se supo anoche al término de una reunión con funcionarios del organismo nacional de vigilancia. Desde Bogotá, Pinedo Flórez le dijo a El Universal que había sido levantada la intervención a la entidad, y que la Alcaldía asume su control pleno, gracias a que la Superintendencia aceptó el Plan de Recuperación presentado por su administración. La Alcaldesa indicó que se les pagará tres meses de salarios retrasados a los empleados del centro asistencial y anunció la contratación de médicos para las áreas rurales del Distrito, incluida la zona insular. La mandataria convocará, probablemente para hoy, a los miembros de la Junta Directiva de la ESE para tomar decisiones que deben marcar el derrotero de la institución. Dentro de este proceso dijo que llamara al gerente del Hospital, Salim Hadechine, para que rinda cuentas de su gestión. También se le solicitará a la Procuraduría investigar el manejo de los recursos y al Gerente de la entidad, si así fuera el caso. Superar los problemas de corrupción, la ineficacia administrativa en la ESE y el caos en este hospital de primer nivel de complejidad en atención, están entre los compromisos asumidos por Judith Pinedo, con la finalidad de que la entidad brinde un servicio óptimo a los cartageneros. LA CRISIS A los graves problemas administrativos, falta de insumos, sueldos atrasados y la intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, varios de los CAP (Centros de Atención Permanente) y de las Unidades Periféricas de Atención (UPA) de la ESE Cartagena de Indias deben convivir a diario con la inseguridad. La suma de todas estas situaciones y las fallas en el manejo del sistema llevó a la ESE al estado crítico en el que se encuentra en la actualidad. El Universal hizo un recorrido por varios de los CAP (Centros de Atención Permanente), y encontró que en algunos la atención al público no es la mejor. Mientras en el Centro de Atención Permanente del barrio La Esperanza, los usuarios se quejan porque ayer no repartieron las citas para los servicios, sin dar ninguna explicación, en otros como el de El Pozón y Olaya Herrera no tienen suficientes insumos para atender a los pacientes. Pero quizá el caso más grave es el que se registró la madrugada del pasado 14 de junio en el CAP La Candelaria, donde entre la 1 y las 3 de la mañana, los médicos de turno debieron atender varias emergencias, aún a costa de ser atacados por los familiares de algunos pacientes. “Varios hombres y mujeres, portando armas de fuego, intimidaron a los médicos y auxiliares que estaban de turno”, dijo una funcionaria del CAP de La Candelaria. Esta situación llevó a la mayoría de los médicos y otros empleados a renunciar a sus cargos, exigiendo una mínima seguridad para poder seguir prestando sus servicios. Lo más grave es que esto desembocó en el cierre de Urgencias del lugar, la cual se reabrirá el próximo jueves 1 de julio. “Pese a los llamados que le hicieron a la Policía, donde se les expuso el peligro al que estaban sometidos los médicos, las autoridades sólo pusieron en marcha el Plan Padrino, que consiste en llamar a los comandantes de CAI cuando se presente alguna alteración del orden público. Muchos de los usuarios se abstuvieron de dar declaraciones sobre el estado de los centros de salud y la atención que reciben. LOS CAP, POR ZONAS Rosiris Mendoza, coordinadora del Centro de Salud o CAP La Candelaria, considera que la situación de la ESE Cartagena de Indias es preocupante. Señala que desde comienzos de junio, cuando el gerente Salim Hadechine regresó a la entidad, el funcionario determinó dividir en cuatro zonas los centros de atención del Hospital Cartagena de Indias. Al Centro de Atención Permanente (CAP) La Esperanza le correspondió la zona 2, que comprende además los centros de salud de La Candelaria, Olaya Herrera y El Pozón. Adicionalmente Mendoza debe atender las Unidades Periféricas de Atención (UPA) en los barrios Boston, Líbano, 11 de Noviembre, Nuevo Porvenir, Fredonia y Foco Rojo. Los funcionarios de este último sitio están amenazados por delincuentes del sector. “Pese a todas estas anomalías, los médicos siguen trabajando, aun cuando nos deben cuatro meses de sueldo”, explica Mendoza. Agrega que el agente interventor de la Supersalud le confirmó que gracias a una transferencia de $1.000 millones ordenada por la Alcaldesa, se pagarán los salarios de los meses de marzo y abril, y la próxima semana se hará igual con los dos meses restantes. En cuanto a los insumos, el CAP de La Candelaria dispone de lo necesario para la atención de los usuarios, mientras los otros centros coordinados por Rosiris Mendoza, no tienen. Las otras zonas en que fueron distribuidos los CAP son: –Zona 1, para los CAP de Bayunca, La Boquilla y las UPA localizadas en los corregimientos de Puerto Rey, Arroyo Grande, Arroyo de Las Canoas, entre otros. –Zona 3: la conforman los CAP de La Esperanza, Blas de Lezo y Nelson Mandela. –Zona 4: los CAP de Arroz Barato y Los Cerros, que se reabrirá a comienzos de julio (estaba en reconstrucción), y las UPA de los corregimientos insulares. En cuanto a la Zona 2, fue la descrita en principio, coordinada por Rosiris Mendoza. DÉFICIT DE LA ESE La crisis de la ESE Cartagena de Indias habría empezado cuando el Distrito comenzó a afiliar a la población a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) del régimen subsidiado de salud, lo cual llevó a que se le bajara la cantidad de pacientes contratados para ser atendidos por el Hospital. Adicionalmente, a comienzos de cada año la ESE proyectaba un presupuesto de ingresos y otro de gastos, pero como las EPS no le pagaban la totalidad de las facturas por servicios prestados a esas empresas administradoras del régimen subsidiado, no le ingresaba la totalidad de los recursos, pero el presupuesto de gastos por su lado sí se cumplía ciento por ciento. Por estas razones, desde el 2006 al 2010 se arrastra un déficit financiero que supera los $19 mil millones. A la crisis que ahoga a la ESE se le añade que cuando sus centros de salud comenzaron a funcionar, fue en casas cedidas por fundaciones, que fueron acondicionadas a medias para brindar los servicios. Hoy sólo la sede el CAP de Blas de Lezo cumple las condiciones para suministrar los servicios asistenciales a los pacientes. EL SISBÉN EN los años 2006, 2007 y 2008, la ESE tuvo 700 mil personas sisbenizadas, a quienes se les prestaba el servicio. En 2008, el Dadis depuró el sistema y retiró a unas 200 mil, pero la entidad hospitalaria no ajustó su oferta de atención. Además, las EPS del régimen subsidiado no podían contratar todos los servicios con la ESE, y tampoco le pagaban la totalidad de las facturas al no contar el Hospital con un sistema efectivo de cobro. Otro hecho que agudizó la crisis es que el primer nivel de atención en salud con los servicios que se ofrecen (urgencias, medicina externa, odontología, enfermería) son muy costosos, y sólo los servicios de Laboratorio Clínico e imágenes diagnósticas son los más rentables, pero la ESE los contrató con terceros, es decir, con la empresa privada, que se quedó con los más caros. JALÓN DE OREJAS DEL PRESIDENTE A LA SUPESALUD De otra parte, el presidente Álvaro Uribe Vélez rechazó el manejo que la Superintendencia Nacional de Salud le ha dado a la intervención que ejerce sobre la Secretaría de Salud de Bolívar, desde junio de 2009. Este pronunciamiento del mandatario fue a través de Caracol Radio. Durante la entrevista, el mandatario nacional dijo que los funcionarios interventores se han dejado interferir por la política. Ante esto, la Superintendencia ha tomado la decisión de cambiar a los interventores cuando se han detectado estos problemas. Uribe indicó que estas personas deben ser auxiliares de la justicia, y que lo sucedido desacredita a la entidad, “ya que se tiene a unos incompetentes interferidos por la politiquería. Si se interviene por politiquería y corrupción, y el interventor hace lo mismo, entonces estamos en nada”, dijo el mandatario. La Superintendencia Nacional de Salud señaló que la intervención obedeció principalmente al manejo que se le daba a la salud pública del Departamento, que tenía una baja ejecución.