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La recuperación del espacio público

La invasión del espacio público es uno de los problemas mayores de las ciudades pobres y es poco lo que se puede decir al respecto que no se haya dicho ya muchas veces.En Cartagena es un problema especialmente álgido porque predomina el paradigma de que el espacio público, como es de todos, puede ser apropiado por cualquiera, usualmente por el más avivato. Y también reina el paradigma complementario de que el derecho al trabajo de cualquier individuo es mucho más importante que todos los demás derechos de todos los de-más ciudadanos, juntos.
Con estas dos justificaciones las personas se otorgan a sí mismas el privilegio de parcelar lo que es de todos, especialmente los espacios públicos remodelados por Transcaribe, y más aún aquellos por donde fluye mucha gente la clientela cómplice dispuesta a comprar en los “agáchate”, la otra cara de la moneda, cuando camina entre sus trabajos y el transporte público.
Así las cosas, la Avenida Venezuela, por ejemplo, y todos los demás lugares con flujo alto y constante de peatones, es un manjar irresistible para los vendedores in-formales que parecen no entender nada distinto a la acción de la Policía. Y la im-punidad tradicional para los invasores del espacio público ha sido un aliciente para que los habitantes locales dispongan del de todos, y para que los foráneos emigren a la ciudad, ambos estimulados a invadir lo que se les antoje.  
La administración Pinedo ha hecho un esfuerzo grande no solo en gestión sino en dineros públicos. Recuperar un área para luego dejarla perder es una forma de dolo, sobre todo cuando hasta ahora, según Adelfo Doria, director de Espacio Público, el Distrito ha gastado unos $ 13.001.343.800 en los 4 años de gobier-no. Según Doria, “La meta del Plan de De-sarrollo es formalizar 1.912 personas en cuatro años”. Pero no existe –dice Doria- meta de recuperación de espacio público en el Plan de Desarrollo, por lo que en 2009 él se propuso una de 100.000 m2, pero llegó a 130.000 m2 hasta ahora.
“La inversión anual (aproximada) en formalización económica (reconversión), que incluye capacitación, asesoría y segui-miento, fue así: en 2008, 225 vendedores formalizados, por $1.504.490.000; en 2009, 128 vendedores formalizados, por $ 919.265.000; en 2010, 452 vendedores formalizados, por $2.272.180.000; y en 2011, 959 vendedores formalizados por $8.305.408.800”.
Es fácil comprender también que los procesos de reconversión, que cuestan entre 6 millones y 8,7 millones de pesos por ca-beza, también explican la insistencia de quienes quieren convertirse en la segunda horda de invasores del espacio público en adquirir “confianza legítima”, una patente de corso legal otorgada a los antiguos ocu-pantes para apropiarse de las áreas comunes.
Es muy bueno el esfuerzo que ha co-menzado a hacer la Policía Nacional en es-tos días para no dejar reinvadir lo que costó tantos miles de millones recuperar, pero también es cierto que la inversión pública y privada debería dirigirse en un futuro no solo a crear empleos, sino a crear miles de micro, pequeños y medianos empresarios.

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