Lavadores de carro le ganan pleito al Distrito

En vez de proceder a su desalojo, la Administración Distrital debió planificar las posibilidades de reubicación de cerca de 36 lavadores de carros que se ubicaban entre la bomba El Amparo y la estación de servicio El Gallo, al sur de la ciudad. Por esa falta de planificación, la Administración está obligada ahora a incluir a esas personas, aunque no sean vendedores informales, al Registro Único de Vendedores, RUV, acción que debe realizar en menos de 10 días. Así lo definió el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena al revocar un fallo de tutela de primera instancia, mediante el cual los lavadores informales solicitaban el amparo de su derecho al trabajo e igualdad de condiciones, entre otros. Ante la decisión del juzgado, el Distrito también debe verificar la situación personal, familiar, social y económica de cada uno de los lavadores con el objetivo de plantear medidas ó alternativas para su reubicación o la inclusión en programas diseñados por el Distrito para superar la situación de indefensión en que se encuentran. A juicio de la juez Nohora García Pacheco, antes de proceder a desalojarlos el Distrito no adoptó ninguna medida alternativa para la preservación del principio de confianza legítima del que gozaban los lavadores por el hecho de tener 10 hasta 25 años de prestar el servicio de lavado de carros en zonas públicas en el área mencionada, las cuales debieron ser desalojadas para darle paso a la construcción de una tramo vial del sistema Transcaribe. Tampoco, aduce la juez, la Administración no previó siquiera la posibilidad de reubicarlos, a fin de hacer menos traumático el desalojo del que fueron objeto los 36 lavadores. A juicio de la juez, los quejosos venían ejerciendo dicha actividad sin que nadie se lo prohibiera, lo que en el transcurrir del tiempo los hizo merecedores del principio de confianza legítima.