Magistrado demanda al Distrito por lío con Alcaldesa

La Fiscalía Seccional de Cartagena solicitaría ante un juez penal de esta ciudad la preclusión de una investigación seguida contra la alcaldesa Judith Pinedo Florez, por los presuntos delitos de calumnia e injuria. Sin embargo, la mandataria deberá afrontar una demanda millonaria que cursa ante el Tribunal Administrativo de Bolívar. Para el lunes próximo se tiene prevista una audiencia en el Juzgado 14 Penal Municipal de Cartagena solicitada por la Fiscalía para pedir la preclusión de la investigación contra la mandataria, con el argumento de que ella se retractó y rectificó públicamente en lo dicho contra el magistrado del Tribunal Administrativo de Bolívar, Javier Ortiz del Valle. Sin embargo, en conversación con El Universal Ortiz del Valle señala que pese a lo que solicitará la Fiscalía ante el juzgado, considera que la rectificación hecha por la Alcaldesa no fue satisfactoria, dado que no fue en la misma proporción que las acusaciones hechas en su contra. “Contra mí salieron publicaciones en TV, radio, periódicos y revistas nacionales, y con la rectificación no sucedió lo mismo”, reiteró. Agrega el magistrado que la Alcaldesa lo señaló públicamente por haber fallado en junio de 2008 una demanda electoral en contra de su elección popular como mandataria de los cartageneros, al decir (Judith Pinedo) que le fue ofrecida (a Javier Ortiz) una notaría y un puesto en un alto tribunal en Bogotá. En su momento el fallo que decretó la nulidad de la elección de la mandataria distrital fue apelado ante el Consejo de Estado, quien tumbó la decisión judicial y confirmó la legalidad de la elección de Judith Pinedo Flórez. La demanda El Distrito de Cartagena afronta hoy una demanda de reparación directa por los perjuicios morales ocasionados al magistrado Javier Ortiz, por los comentarios de la Alcaldesa de Cartagena, cuyos daños se tasaron en unos $3 mil millones. Indica el demandante que la situación le generó problemas a su familia, por las amenazas que se desprendieron de las sindicaciones hechas públicamente por la mandataria y que motivaron posteriormente su traslado a otra ciudad. Según Ortiz del Valle, todavía mantiene un esquema de protección, aunque no en la misma proporción que tenía en Cartagena. Añade que la demanda es contra el Distrito y no en particular contra la mandataria, dado que ella fungía como Alcaldes cuando lanzó las sindicaciones en su contra. “Ella como Alcaldesa y primera autoridad policiva del Distrito debía ser cuidadosa con cualquier comentario que hiciera”, dijo Ortiz. Dentro de este proceso de demanda se tiene prevista una audiencia de conciliación ante la Procuraduría Judicial Delegada ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, como parte del trámite del proceso de reparación directa. Distrito no accede La Oficina Jurídica del Distrito informó que el caso fue presentado ante el Comité de Conciliaciones, el cual negó la posibilidad de acceder a cualquier pretensión económica del demandante, dado que el tema es una situación personal de la mandataria y no como representante de la Administración Distrital. En ese sentido se hará la defensa del Distrito ante la demanda anunciada, que es un tema personal y no una actuación como mandataria distrital.