Más de 82.000 víctimas en Cartagena requieren de política pública del Distrito

Para atender a unas 82.000 personas víctimas del conflicto armado que han llegado a Cartagena en todos estos años, desde finales del siglo pasado, se definirán las debidas políticas públicas que permitan afrontar tal situación social.
No solo es una conclusión, sino el resultado desprendido de un consejo de gobierno realizado ayer lunes en el Palacio de La Aduana, con presencia del alcalde encargado de Cartagena, Jorge Lequerica, y presidido por el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, Javier Doria Arrieta, además de los secretarios de Despacho.
La Unidad de Víctimas de la Secretaría del Interior señala que los estudios sobre el tema arrojan que desde el año 1985 han ingresado a Cartagena alrededor de 82 mil personas víctimas del conflicto armado.
Teniendo en cuenta estos estudios, el Distrito de Cartagena está llamado a extender para estas personas toda su oferta institucional en materia de salud, educación, atención sicosocial, vivienda, entre otras, expresó Javier Doria, secretario del Interior.
CIFRAS DE LOS ESTUDIOS
• Por desplazamiento forzado se han asentado en Cartagena en los últimos 27 años 82.543 personas, de las cuales 40.677 son mujeres y 41.876 hombres.
• 10.827 personas fueron expulsadas de Cartagena por la violencia sociopolítica desde 1985: 5.384 hombres y 5.479 mujeres.
• Por otras situaciones victimizantes hay 2.955 casos reportados en Cartagena.
• Según enfoque diferencial, poco más del 8% de la población cartagenera es víctima del desplazamiento forzado.
• 26.001 de los desplazados están en edades entre los 0 y 17 años.
• 14.348 de los desplazados por la violencia en la provincia tienen entre 18 y 26 años de edad.
• 27.248 están en edades entre los 27 y 60 años.
• 17.960 de los desplazados forzados se reconocen como afrodescendientes.
• 925 se reconocen indigentes.
DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL 2012
Según datos del año pasado, en el Distrito de Cartagena son atendidas diariamente 350 personas en los Centros de Atención a Víctimas, por las siguientes inquietudes:
• 1.761 por declaraciones realizadas de que son víctimas del conflicto armado.
• 667 valoradas por la Unidad de Atención a Víctimas (UARIV).
• 469 hogares incluidos en el Registro Único de Victimas (RUNT).
• Más de 20.000 solicitudes de ayudas humanitarias.
• 10.274 ayudas humanitarias entregadas por la UARIV.
• 320 personas atendidas en albergues de atención inmediata.
Por otras situaciones victimizantes diferentes al desplazamiento forzado han sido reportados en Cartagena 2.955 casos.
• Por desaparición forzada, 367 víctimas.
• Secuestro, 72 personas.
• Lesiones personales, 249 casos.
• Reclutamiento, 39 personas.
• Delitos contra la libertad e integridad sexual, 15 casos.
• Homicidios, 2.039.
En cuanto a la caracterización de los derechos de las víctimas, el estudio determina qué:
• El 20% de esta población no ha hecho declaración como víctimas de la violencia.
• 20% ha sufrido algún tipo de amenazas con posterioridad al hecho victimizante inicial.
• 49% de las victimas comen entre una y dos veces al día.
• 85% se dedican a trabajos informales.
• 13% de las víctimas no saben leer ni escribir.
• El 22% no ha terminado la Básica Primaria.
• 11% no se encuentra en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
• 41% manifiesta tener problemas de segregación familiar.
• 39% de los hogares se encuentran desintegrados por el desplazamiento forzado.
• 93% manifiesta no haber participado en alguna organización generadora de violencia.
• 60% manifiesta no haber recibido orientación jurídica para el restablecimiento de sus derechos.
• 41% ha sido despojado de sus bienes.
• 69% de mujeres encuestadas padecen depresión grave.
RETOS
Dentro de los retos que la Administración Distrital ha anunciado que asumirá, está la implementación y puesta en marcha del Plan Distrital  para la Atención y Reparación de las Víctimas.
Igualmente la adecuación del Centro Regional de Atención a Víctimas, que funcionará en el desocupado edificio de las antiguas Empresas Públicas Municipales, en lo cual se invertirán 1.200 millones de pesos provenientes del Gobierno Nacional y la Unidad Nacional de Atención a Víctimas.
Otra de las estrategias será adoptar los protocolos de atención a estas poblaciones para consolidar la iniciativa de inclusión, impulsar iniciativas de reconciliación local, adoptar los planes específicos para la atención de mujeres en situación de desplazamiento, víctimas afrodescendientes e indígenas.