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Mujeres desplazadas aún esperan que se cumpla orden de la Corte

En medio de una gran incertidumbre dicen sentirse las mujeres desplazadas por el con-flicto armado colombiano, quienes integran las diferentes organizaciones de ese tipo que ope-ran en Cartagena y Bolívar.
Tal afirmación se basa, según las querellantes, en que (en el caso de Cartagena) ni el Go-bierno distrital, ni la entidad Acción Social han cumplido con las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, en el sentido de poner en marcha los 13 programas del auto 092 de 2008, en cuanto a protección de mujeres en situación de desplazamiento.
La abogada Rubiela Valderrama, coordinadora de mujeres desplazadas en la Red de Em-poderamiento de Mujeres, explicó que los 13 programas no se han cumplido a nivel nacio-nal, pero que las refugiadas en Cartagena son quienes más han insistido en que el auto se cumpla, aunque sin mayores resultados.
De hecho, las seis representantes que dialogaron con El Universal, en compañía de Ru-biela Valderrama, hacen parte de las 19 organizaciones de mujeres desplazadas, que al mismo tiempo conforman el Comité de Seguimiento al Auto 092.

Los 13 programas

Vale destacar que los programas en mención abarcan beneficios y protección relacionados con vivienda, educación, proyectos productivos, salud, seguridad, acciones contra el maltrato, la violencia sexual, y la prostitución forzada, entre otras amenazas.
Marina Martínez, de la Liga de Mujeres Desplazadas, anotó que en varios municipios de Bolívar se implementaron proyectos productivos para mujeres refugiadas y se hicieron las ex-plicaciones del caso, pero después de dos años los referidos proyectos no arrancan.
Julia Alquerque, de la Asociación Nuevo Horizonte de Población Desplazada, dijo que su preocupación radica en el aspecto de la seguridad, ya que desde agosto de 2008 se venía dialogando con la Secretaría del Interior del Distrito para proteger a las liderezas de pobla-ción desplazada, pero no se ha visto ninguna acción de parte de esa instancia.
Una de las propuestas que este grupo hizo a ese despacho consiste en que si una de las li-derezas es amenazada, inmediatamente se instaura la denuncia ante la Fiscalía para que en el acto se le brinde protección a la amenazada, empezando por su reubicación.

En peligro permanente

En este último aspecto, Alquerque contó que la mayoría de dirigentes habitan zonas mar-ginales de Cartagena, en viviendas informales, las cuales son muy fáciles de localizar de parte de los actores violentos, pero así mismo las rutas de acceso están en muy malas condiciones, lo que dificultaría la movilización de la Fuerza Pública, en caso de que se presente una emer-gencia.
Recordó, además, que otra de las cosas que se establecieron con la Secretaría del Interior fue la asignación de un rubro por concepto de transporte interno para cada lidereza, toda vez que la mayoría carece de recursos para tales menesteres.
Asimismo anotó que, hasta el momento, la única diligencia que ha puesto en marcha el Distrito es una jornada diaria de revista adelantada por la Policía, la cual dura dos o tres mi-nutos mientras las mujeres firman el libro de personas amenazadas bajo “protección”.
Afirmó que el año pasado, en reunión con la directivas de Corvivienda, se anunció que las mujeres que aparecían en el listado del Auto 092 tendrían acceso a vivienda, pero hasta el momento ni las que tenían la carta de asignación de diciembre de 2004 han recibido notifi-cación de parte de la entidad.
La lidereza hizo énfasis en el caso de la vivienda, debido a que la mayoría de mujeres des-plazadas son madres solteras y desempleadas que han sido sometidas al latrocinio, a la discri-minación y a abusos sexuales, por carecer de un sitio digno en donde vivir.
Elsida Rojas, de la “Asociación Nacional de Ayuda Solidaria” (Andas), destacó que la gran contrariedad es que el grupo lleva dos años aportando propuestas para que se lleven a cabo los 13 programas que ordena la Corte, pero dichas propuestas no se han tomado en cuenta, aunque la interlocución con entidades del orden nacional y distrital no han cesado.

Habla Secretaría del Interior

La secretaria del Interior del Distrito, Sindis Meza Pineda, en el marco del cumplimiento del Auto 092, las distintas instituciones que integran el “Sistema Nacional de Atención Inte-gral a la Población en Situación de Desplazamiento” del nivel territorial, han adelantado las siguientes acciones:
—El Dadis ha implementado programas de salud sexual y reproductiva, vacunación, sa-lud mental, desparasitación y desnutrición.
—El Bienestar Familiar implementó la Unidad Móvil Especializada para atención psico-social, a través de visitas domiciliarias, lo que se articula con las jornadas de atención móviles que se realizan en las distintas localidades con la Unidad de Atención y orientación de la Po-blación en Situación de Desplazamiento (UAO).
—Participación y Desarrollo Social realizó acciones y celebró convenios mediante los cuales se capacitaron 450 mujeres en emprendimiento y se brindó atención a 60 familias in-dígenas con gallinas ponedoras.
—Se adelantó el programa de abuso y explotación sexual y se habilitó la línea de atención inmediata para denunciar conductas constitutivas de trata de personas
—Se diseñó la ruta para la atención a la víctima de la violencia sexual, con énfasis en po-blación desplazada.
—Se implementaron medidas protectoras a favor de algunas de ellas.
—Se la ruta de protección para la población en situación de desplazamiento.
—32 mujeres cuentan con vivienda propia en los barrios Bonanza, Revivir de los Campa-nos, Colombiatón, Flor del Campo y Refugio de la Carolina.
—Hay 12 con subsidio en proceso de aplicación para proyectos de vivienda nueva en Huellas Juan Pablo II, Flor del Campo y Ciudad del Bicentenario.
El Universal intentó dialogar con el director de Acción Social, Alfredo Yepes, pero nunca se le encontró en su despacho, ni se le pudo localizar a través de su teléfono celular.

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