Cartagena


Nativos ganan otra "batalla" a la Nación

JOSÉ RAFAEL MOLINA RAMÍREZ

09 de septiembre de 2009 12:01 AM

La Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena decidió no anular el proceso de notificación de una sentencia que le concedió a una nativa de Barú la propiedad sobre una extenso terreno en esa localidad. La decisión se profirió ayer durante una audiencia, a la que asistieron muchos nativos y que se realizó en el Edificio Nacional, sede de los tribunales de la ciudad. La nulidad fue solicitada por la Fiscalía Seccional de Cartagena argu-mentando presunta falsedad en el proceso de notificación de la sentencia que llevó a cabo la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena el día 2 de julio del 2008, referente al litigio de tierras de Barú y que conce-dió la propiedad a la nativa Lucía Alvarado. Este terreno es reclamado por la Nación y varias firmas privadas, las cuales pretenden llevar a cabo un proyecto turístico sobre el extenso terreno, cuyo valor se calcula en más de $20 mil millones. La nulidad fue presentada inicialmente ante el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cartagena, que denegó la pretensión de la Fiscalía, considerando que no existen méritos ni pruebas para concederla. La decisión fue apelada ante el Tribunal Superior de Cartagena que prácticamente conceptuó lo mismo. Según apoderados de la Nación y de las firmas privadas, la Secretaría General de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena no notificó en debida forma la sentencia por lo cual no tuvieron la oportunidad de apelarla y por ende perdieron el proceso. Sin embargo, nativos de Barú aseguran que los apode-rados del Estado y de los particulares han estado acudiendo a todo tipo de “triquiñuelas” para dilatar el proceso y lograr quedarse con el terreno, el cual está ampliamente demostrado que no le pertenece a los particulares, ni a la Nación. Sin embargo, queda pendiente otro proceso ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena que tramita otra solicitud de nulidad y la investigación que realiza la Fiscalía por presunta conducta irregular de la Secretaría General de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior.

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