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Niegan reclamos de familias afectadas por insalubridad

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El Tribunal Administrativo de Bolívar analiza si hay o no desacato a las órdenes impartidas en una sentencia judicial de hace 10 años.
El desacato se procesa contra Edurbe, Aguas de Cartagena, la fusionada Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), la Aeronáutica Civil y el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis),  representantes de 25 familias del barrio San Francisco y de sectores aledaños reclaman su reubicación hacia otras zonas de la ciudad.
Precisamente hace 10 años el Tribunal ordenó la protección del derecho colectivo a un ambiente sano de los residentes de los barrios aledaños al Aeropuerto Rafael Núñez, afectados por contaminación sonora y ambiental debido a vertimientos de aguas servidas al canal paralelo a la pista de aterrizaje, en cercanías del sector Loma de Vidrio, de San Francisco.
Ese fallo fue confirmado por el Consejo de Estado.


Situación dilatada
Con esta sentencia fueron beneficiadas más de 70 familias, pues las entidades demandadas debieron comprarles sus casas y reubicar a otras.
Posteriormente el Tribunal incorporó a otras familias que también eran afectadas y que habían quedado por fuera de la orden judicial.
Estas últimas familias, que son las 25 que ahora reclaman, interpusieron un incidente de desacato el 25 de enero de 2010, el cual un año después no ha sido resuelto, lo que motivó a que recurrieran a una tutela contra el Tribunal ante el Consejo de Estado, por considerar que ese despacho judicial ha omitido su deber de hacer cumplir la ley.
Mucho por resolver
Las entidades demandadas respondieron ante el Consejo de Estado haber cumplido y estar cumpliendo cada punto ordenado en la sentencia, incluso para continuar algunos trabajos como el saneamiento del canal, la construcción de barreras contra el ruido, entre otros aspectos, pero –dicen– han tenido inconvenientes con las mismas comunidades.
El Consejo de Estado determinó entonces negar la acción de tutela de las familias, al considerar que en dicho proceso existe una cantidad grande de peticiones por resolver que impiden tomar una decisión final respecto del presunto incumplimiento de la sentencia.
Sobre esto, el Tribunal señala que están por resolverse varias peticiones de abogados de familias afectadas, lo cual impide proceder al trámite normal que debe surtir el incidente de desacato.
Mientras tanto las entidades demandadas, incluso, la Personería como entidad autora de la demanda, alegan que el proceso está en marcha. Cosa contraria afirman los afectados.

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