Niegan tutela a prostitutas del Parque del Centenario

Las prostitutas que por años han utilizado el Parque del Centenario de Cartagena para conseguir clientes, no pueden recibir tratamiento semejante al que se le da a los vendedores ocupantes del espacio público.
Así lo ratifica un fallo de tutela de primera instancia del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, que le denegó a cinco trabajadoras sexuales el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la vida y al trabajo, que ellas consideran han sido violados por el Distrito al haberlas sacado de esta área común sin ofrecerles alternativa para su subsistencia.
La sentencia judicial señala que “las trabajadoras vistas no pueden invocar ese principio de confianza legítima, donde no han desarrollado sus labores con permiso otorgado por las autoridades, mismas que no han sido tolerantes, ni permisivas con el uso de ese importante espacio público para la comunidad cartagenera”.
El fallo agrega que “se debe entender que las accionantes atraen desde este sitio (Parque del Centenario) a sus posibles clientes, buscando a los mejores postores, pero en realidad no ejercen su oficio en el lugar, siendo claro que tienen que trasladar a los parroquianos a otra instancia, un poco más cómoda...”.
Así las cosas, la decisión judicial desvirtúa cualquier posibilidad de que el Distrito se vea obligado a ofrecer alternativas de compensaciones económicas o reubicación para estas mujeres.
Además de la Alcaldía de Cartagena, la acción de tutela vincula al Ministerio de Protección Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a la Policía Nacional.
Este recurso judicial, resuelto a favor del Distrito en primera instancia, fue interpuesto por el abogado Joaquín Torres Nieves, quien en su momento aclaró que no cobraría por este caso y que su intención era ayudar a personas que lo necesitan.
COMPLACENCIA
Adelfo Doria Franco, gerente de Espacio Público de Cartagena, dice estar complacido con este fallo judicial porque “protege un espacio público al que pretendían convertir en una especie de zona de tolerancia que es inadmisible, teniendo en cuenta que lo que se busca es recuperar esta zona para el disfrute de niños, adultos y en general de las familias cartageneras”.
El funcionario dice que las trabajadoras sexuales siguen contando con el Distrito para vincularlas, cuando ellas lo requieran, a los programas oficiales de superación de pobreza, salud, capacitación, empleo y concreción de ideas de negocio, ya que de esta manera podrían cambiar de actividad.
Sobre la posibilidad de que las prostitutas regresen al parque en diciembre de este año, cuando termine su restauración, Doria precisa: “Las obras de revitalización de este sitio incluyen iluminación, vigilancia y un cambio de aspecto del lugar que seguramente desincentivarán ese tipo de actividades e invitarán más bien al regreso de las familias”.
 INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
El Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar en el mismo fallo de tutela sobre las prostitutas ordenó abrir un proceso disciplinario contra el abogado Joaquín Torres Nieves, “por presuntamente incursionar en falta disciplinaria”.
Con la investigación se pretende determinar si el jurista ha incurrido en falta contra la dignidad de la profesión de abogado, contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, y falta de lealtad con el cliente. 
Respecto de la decisión de negar el amparo de derechos a las trabajadoras sexuales, Torres responde: “Con todo respeto ante el honorable Consejo de la Judicatura considero que hubo un error de apreciación de los magistrados, ya que lo que yo pedí en la tutela es que se les diera la oportunidad efectiva de resocializarse, es decir, de cambiar de actividad, y mientras eso se logra, que puede tardar varios meses, deben permitir que ellas sigan ganándose la vida donde lo han hecho por mucho tiempo”.
“A mi juicio –agrega– el Tribunal erró en considerar que ellas (prostitutas) ejercen su actividad es en una pieza dentro de una residencia, porque deslindaron el contrato que celebran en espacio público, llamado Parque del Centenario, con el perfeccionamiento del contrato que lo realizan dentro de la habitación”.
En lo que tiene que ver con la investigación que le han abierto, Joaquín Torres considera que “es importante que no se vaya a caer en el error de sancionar a un abogado por concepciones morales, ya que éstas no están ligadas al Derecho”.
El abogado dijo que ya impugnó el fallo, de modo que ahora se espera una decisión de segunda instancia, que es prácticamente definitiva.