Es tal la polémica que ahora los ataques son contra un convenio suscrito entre la Dirección Nacional de Derechos de Autor –adscrita al Ministerio del Interior y Justicia– y el alcalde menor de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, Amaury Lora Márquez.
La finalidad es ejercer control más efectivo sobre los establecimientos comerciales en lo referente a derechos de autor.
El convenio fue firmado la semana pasada en Bogotá y permitirá que el Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, suministre los recursos logísticos y asesoría legal a los funcionarios de la Alcaldía Local 1, para informar a comerciantes y en general a la comunidad sobre sus obligaciones en materia de derechos de autor.
Petición a Personería
A la Personería Distrital fue enviado por parte del abogado Fabio Velásquez Arias, un derecho de petición en el que se le solicita conminar al alcalde menor Amaury Lora, a que explique si contaba con la autorización de la alcaldesa Judith Pinedo para firmar tal convenio.
Otra petición es que exhorte al Alcalde Menor a explicar si su traslado a Bogotá fue costeado por la Administración y si tenía autorización para tal viaje a la capital del país.
Al respecto Amaury Lora Márquez señala que hay personas interesadas en que persista la confusión y desconocimiento frente al tema de derechos de autor, y que esas mismas personas ahora consideran ilegal el convenio suscrito con el Gobierno Nacional.
Explica que ese acuerdo también contempla capacitaciones a comerciantes y en general a la comunidad sobre los derechos y obligaciones en materia de propiedad intelectual derechos de autor.
Según el funcionario distrital, el convenio fue firmado por el Alcalde Local en virtud de que a él le delegó esa función la Alcaldesa Mayor del Distrito mediante Decreto 0581 de 2004.
A través de ese acto administrativo la Alcaldesa Mayor se desprendió de la competencia de ejercer el control sobre los establecimientos de comercio, para entregársela a los alcaldes locales, por tanto es innecesaria la autorización de la mandataria para realizar alianzas estratégicas con tales fines.
La oposición
La firma de abogados Garrido Abad, quien apodera a comerciantes, señala en un comunicado que el aludido convenio carece de relevancia, pues “...el alcalde Lora no puede seguir actuando ilegalmente, sólo porque esa entidad gubernamental (Ministerio del Interior) le preste su apoyo”.
“El alcalde Lora fue objeto de una enérgica advertencia por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, según la cual no puede cerrar en esa forma los establecimientos porque está obligado a respetar el derecho al debido proceso de los comerciantes, según le ordena la Ley 23 de 1982. De suerte que por más apoyo que tenga de esa entidad gubernamental, ni siquiera ella puede revocar el fallo de tutela”.
“Cabe advertir a la opinión pública que las normas en que el alcalde sustenta dichos cierres fueron derogadas por el Artículo 65 de la Ley 600 de 2000 (Código de Procedimiento Penal), lo que deja en evidencia la supuesta ilegalidad de su proceder”.
Corte revoca
Pese a lo señalado por la firma Garrido Abad, el alcalde Menor, Amaury Lora Márquez, señala que la tutela a que hacen referencia los opositores, fue revocada por la Corte Suprema de Justicia, razón por la que no está obligado a cesar los operativos, porque no hay tutela alguna que lo obligue.
La Corte ordenó remitir el fallo de tutela a los juzgados penales municipales. La acción fue interpuesta por la dueña de un restaurante que fue cerrado temporalmente, por no cumplir con el pago de los derechos de autor por uso público de música.
El fallo del Tribunal Superior anuló el acta de cierre, pero la Corte invalidó lo decidido.
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