Un año de plazo tiene el Distrito para solucionar de manera definitiva la problemática de ocupación del espacio público en zonas colindantes al Hospital Universitario del Caribe en esta ciudad.
Aunque algunos alegan desconocer la sentencia judicial, señalan que muchos llevan muchos años trabajando en el sector y por ende antes de abandonar el sitio que ocupan deben ser indemnizados, tal como lo expuso Roberto Ramírez, quien alegó ser vendedor de frutas.
Pero así como los posibles afectados se quejarán de la decisión, el Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena, que ordenó el desalojo del espacio público ocupado ilegalmente, tuvo en cuenta para resolver una acción popular los argumentos expuesto por estudiantes de la Universidad de Cartagena y otros usuarios del Hospital, quienes se quejan de lo invadido en que se encuentran las zonas públicas del sector y de las consecuentes incomodidades que genera tal situación.
El Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena ordenó al Distrito que el citado plazo deberá diseñar, adoptar y ejecutar a cabalidad todas las medidas administrativas, policivas y de otra índole orientadas a hacer efectivo el amparo al derecho al goce y defensa del espacio y bienes de uso público que tienen los cartageneros sobre las zonas ocupadas ilegalmente.
Específicamente, el área que se ordena desalojar está ubicada en la carrera 50 contigua al Hospital Universitario y la calle 29, donde se encuentra el área de salud de la Universidad de Cartagena, en el barrio Zaragocilla, vías que se encuentran llenas de kioscos, ventas ambulantes, estaciones de carros e incluso restaurantes.
La orden se desprende del trámite, en primera instancia, de una acción popular, interpuesta por un abogado, quien pidió la reserva de su identidad, alegando que algunas ventas y construcciones en espacio público exponen la seguridad de los peatones, al tener éstos que usar la vía para transitar, e incluso para algunos vehículos, en especial los que van de urgencia para el centro hospitalario.
También señala que incluso hay riesgo para la vida, dado que muchas ventas usan gas propano para cocinar, lo cual hacen al aire libre. Además de eso critica la insalubridad generada por toda clase de ventas ambulantes y estacionarias.
Pese a la orden dada, el Juzgado aclaró al Distrito que tenía que analizar las circunstancias de cada ocupante, pues considera, tal como lo exponen la Corte Constitucional, que el desalojo sin reubicación viola también otros derechos de quienes no tienen otra alternativa que ocupar las calles para ganarse el sustento diario.
Es por ello que antes de los operativos de desaolojo a realizar debe garantizarse el debido proceso y respetar el principio de confianza legítima que algunos tienen por el tiempo que tienen de ocupar el espacio público, a los cuales hay que garantizarles alternativas de reubicación.
Habrá intervención
El gerente de Espacio Público del Distrito, Adelfo Doria, señaló que se han obtenido varias quejas, incluso de la Universidad de Cartagena, por los problemas de insalubridad que han generado en los alrededores de su sede en Zaragocilla, por la acumulación de basuras producidas por las ventas que ocupan el espacio público.
Alegó que desconoce el fallo, pero independientemente de él, ya se han realizado dos operativos de control y de verificación de las condiciones en que trabajan los ocupantes del espacio, algunos de los cuales fueron amonestados.
Es consciente que la situación es grave en la zona y que hay que entrar a analizar la situación de cada ocupante ilegal para luego proceder a la restitución del espacio que ocupa.
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