Cartagena


Ordenan desalojos de invasión de área marítima en Manga

JOSÉ RAFAEL MOLINA RAMÍREZ

01 de noviembre de 2010 12:01 AM

El Tribunal Administrativo de Bolívar volvió a pronunciarse por la ocupación ilegal e indiscriminada de bienes de uso público en Cartagena, en especial en áreas de bajamar. La semana pasada, el ente judicial volvió a pronunciarse, a través de una sentencia de acción popular, sobre la ocupación ilegal y rellenos en áreas de bajamar en el barrio Manga. En esta ocasión ordenó el desalojo de un inmueble que fue construido sobre áreas de bajamar entre las carreras 29 y 23 del barrio Manga, en la cual fueron construidas más de 30 accesorias que son arrendadas a particulares. La acción popular había sido instaurada desde el gobierno de Alberto Barboza y solo hasta ahora logró culminar su proceso. Allí se exigía el cumplimiento de resoluciones expedidas por la Capitanía de Puerto que dan cuenta de las áreas ocupadas ilegalmente en Manga y sobre las ciénagas adyacentes. En ocasiones anteriores, el mismo ente judicial había ordenado al Distrito adelantar los trámites necesarios para restituir dos zonas ocupadas de manera arbitraria por particulares, cada una con más de 33 metros cuadrados de áreas rellenadas a cuerpos de agua en Manga. Las zonas a recuperar están colindantes con la ciénaga de Las Quintas, uno en la cuarta avenida de Manga, cerca del caño Bazurto, y otro en la carrera 23 con calle 29, para lo cual la Administración debía iniciar los trámites administrativos y presupuestales que se necesiten para ejecutar las ordenes. Aunque en las sentencias del Tribunal no se aclara que tipo de edificaciones o construcciones invaden las áreas naturales ocupadas ilegalmente, el Distrito deberá desalojarlos para garantizar el derecho al goce y defensa de los bienes públicos, que se alegaron vulnerados en las acciones populares, todas interpuestas por el ciudadano Jhony Gómez, quien alegó que muchas de las zonas marítimas en Manga han sido rellenadas para efectuar construcciones sin el lleno de los requisitos legales. Al respecto, el Tribunal consideró que resulta casi increíble creer como particulares hacen uso de los bienes públicos para realizar actos impropios y contra la naturaleza. Para el ente judicial no es excusa la falta de presupuesto del Distrito para no realizar los trabajos de restitución de bienes ocupados ilegalmente, ya que está entre sus funciones evitar las invasiones generalizadas que se dan en Cartagena y que además deben exigirle a los particulares que han invadido la desocupación de las zonas rellenadas abusivamente. En este ente judicial cursan otras acciones por otras zonas públicas ocupadas por particulares, las cuales se prevén serán falladas en similares condiciones.

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