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Ordenan evitar inundaciones en Zaragocilla

Através de un fallo de tutela, el Distrito fue conmina-do a resolver el problema de inundación que afronta un sector del barrio Zaragocilla, en esta ciudad.

Fue el Juzgado Octavo Penal Municipal de Cartagena que le ordenó al Distrito que en 48 horas de plazo, contados a partir de la notificación del fallo, proceda a realizar los estudios técnicos necesarios para que se proceda a la realización de las obras tendientes a solucionar el problema de inundación que se presenta en un sector entre Zaragocilla y Escallón Villa, colindante con la Avenida El Consulado.
Para la realización de las obras, el citado juzgado le concedió un plazo de máximo de 60 días.
La acción judicial fue interpuesta por Wilson Hernández, en representación de la señora Beatriz Machado, quien alega que en épocas de invierno las lluvias inundan a las viviendas del sector, sin que hasta el momento haya solución a este problema que aduce lleva más de 12 años.
Alega que la vivienda de Machado viene sufriendo de deterioro por las corrientes de agua que ingresan a la misma, siendo la situación más desagradable toda vez que tiene una niña de 12 años de edad que padece síndrome de dow.
Así mismo denuncia que las inundaciones han traído consigo una ola de mosquitos e infecciones y fuertes olores desagradables.
El Distrito, através de su Oficina Jurídica, respondió que apelaría tal decisión, toda vez que considera que ningún juez puede ordenar la realización de obras en tan poco tiempo, dado que para ello debe existir una planificación y cumplirse con una serie de requisitos previos, lo cual es inviable que se den en tan solo 48 horas como se pretende.
Señala que es igualmente inviable contratar un estudio para la realización de estudios técnicos que determinen el tipo de obras a realizar en solo 48 horas, pues además de que se debe hacer la disponibilidad presupuestal para ello, también se tiene que cumplir un proceso de selección y de contratación, lo cual conlleva mucho tiempo.
Alega que la tutela tampoco es el mecanismo judicial para ordenar obras de interés colectivo y por lo tanto la actora debía acudir a otra acción judicial.

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